No es un escenario irreal: su gobernador en estos momentos puede estar ahogado de borracho, ordenando la encarcelación de un líder social.
En una alteración demoníaca debido a la sobredosis de metanfetaminas, su presidente municipal, aliado de algún grupo del crimen organizado, tomaría el teléfono para decretar el asesinato de una madre que reclama la aparición de su hijo. El diputado que representa su distrito podría estar inhalando cocaína en el baño del Congreso, mientras aguarda para votar una ley que seguramente no será favorable para el electorado. Ellos, los dueños del presupuesto, con un par de firmas pueden hacer que toda su descendencia viva en la opulencia. Con una llamada ponen fin a una vida o encarcelan otra. Pueden conducir borrachos sin que el agente de tránsito los detenga. Amos y señores del país, las leyes, nuestros impuestos y pesadillas. ¿Cuántas decisiones estarán tomando desde la inconciencia, embriagados por alguna sustancia tóxica? Esta es la cruel realidad por la que México atraviesa. Las adicciones a las llamadas drogas duras tienen un sinnúmero de efectos perjudiciales. Abstinencia, ansiedad, impulsividad, ausentismo laboral, violencia, problemas mentales, alteración del estado de ánimo. El adicto, fuera de sí, puede robar y hasta matar para conseguir las sustancias que su organismo exige para sobrevivir.
El abuso de sustancias tóxicas es, además, un problema público estrechamente ligado a una urgente discusión: la necesidad de que exista transparencia respecto al estado de salud de los funcionarios públicos.
Autor: Ramírez Maldonado Karla Estefanía
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