COMUNICADO DE PRENSA - Comisión Federal de Abogados Pro Vida

Desde la Comisión Federal de Abogados Provida y todas sus Seccionales, repudiamos el accionar de los funcionarios de la provincia de Jujuy que llevaron al fallecimiento de la menor de edad denominada Esperanza, que fue forzada a nacer, pese a no estar dadas las condiciones para que tal evento ocurriera. 
Repudiamos el accionar del gobernador Gerardo Morales quién desde su cuenta personal de Twitter el día 17 de Enero de 2019 expresó: “En cuanto a la Interrupción Legal del Embarazo de la niña jujeña de 12 años, vamos a cumplir inmediatamente con el Código Penal, artículo 86, inciso 2. He dado las instrucciones para que urgente se actúe para garantizar la salud de la niña”, mostrando su total desapego a las instituciones de su provincia, actuando de manera desaprensiva respecto del respeto a la ley, a la justicia y al criterio de los médicos intervinientes, procurando con el aborto, sacarse un problema de encima: la violación de una menor y la posible desidia de todo un sistema que no es capaz de proteger a una niña de 12 años ni a una de 24 semanas de gestación. 
Los hechos que habrían desencadenado el parto prematuro de la neonata Esperanza estarían fundados en que su madre, una niñita de 12 años estaba embarazada producto de una violación, cursando aproximadamente la semana 23 embarazo, cuando su familia habría solicitado que se le practicara un aborto, tomando esta situación estado público, el 15 de enero de 2019. 
El gobernador de la provincia de Jujuy y algunos funcionarios habrían ordenado la aplicación del protocolo para abortos no punibles, cuya legalidad es nula, de nulidad absoluta. 
Con este parto prematuro forzado no se cumplió con el fin que establece el código penal, de utilizar el aborto siempre que no exista otro medio para evitar el riesgo para la salud de la madre. 
Desde el punto de vista médico, no era posible realizar un aborto, por eso se forzó el parto prematuro, a sabiendas de la poca chance de sobrevida de la niña por nacer. 
Instamos a las autoridades Nacionales y Provinciales a apegarse a la Constitución Nacional y a las Constituciones Provinciales, respetando la vida desde la concepción en el seno materno e instruyendo a las autoridades de salud para que el aborto sea la última instancia y si así no lo fuere, deberían asumir las consecuencias de su accionar con todo el peso de la ley. 
El aborto no contribuye a la disminución de las violaciones, mucho menos a la disminución de los abusos en el entorno familiar o social en el que la víctima se encuentra inmersa. 
Estos casos causan conmoción en la sociedad debido a su gravedad y entendemos repudiable toda afectación a la integridad sexual y más aún si se trata de menores de edad. Por lo que es importante abordar cada caso de forma objetiva y con profesionales idóneos, sobre todo aquellos que tienen el primer contacto con la víctima.
Como sociedad debemos aspirar a proteger a las víctimas, disminuyendo las violaciones, acelerando los procesos para su juzgamiento, dándoles contención. El aborto no contribuye en la contención de la víctima ni en la disminución del abominable delito. 
El aborto en nuestro sistema jurídico no es un derecho, ni tampoco es legal, no lo usemos como pantalla para evitar tomas las riendas de la verdadera situación.
Exhortamos al Estado Nacional y a los Estados Provinciales para que asuman el compromiso ineludible de combatir la violencia contra las mujeres y la protección integral de los niños y niñas, combatiendo con mano firme estos delitos. 
Exigimos el respeto a nuestra Constitución Nacional y la toma de medidas urgentes para combatir el flagelo de la violación.

24 de Enero de 2019.-