Foto: E.E.
El 10 de julio de 2010, la soldado Laura, del Ejército de Tierra español, estaba destinada en Afganistán en una misión de cinco meses. A los 45 días de iniciarse el despliegue de su unidad en el país oriental, la soldado Laura pertenecía a los efectivos que llevaban a cabo una misión de vigilancia en un control próximo a la ciudad de Qala-i-Naw, en donde se situaba una base militar del contingente español.
La tarea de Laura era revisar los automóviles que pasaran por el control de carretera, en una zona en donde los talibanes realizaban incursiones con mucha frecuencia. Cuando fue a revisar un camión lleno de arena, se desniveló y cayó de lo alto del vehículo, a una altura de 3 metros, destrozándose la pierna, rompiéndosele los huesos, los tendones y el tobillo.
Laura tuvo que ser evacuada inmediatamente en helicóptero. El personal sanitario tuvo que pincharla morfina para mitigar el dolor, pero apenas pudieron bajárselo. Después de ser atendida, el personal sanitario estableció que la militar tenía una discapacidad del 60%, pero cuando Laura pidió una pensión por discapacidad, el Ejército redujo su grado de discapacidad a un 24%, un punto menos para poder recibir la pensión.
El Ministerio de Defensa tiene estipulado que para que un militar pueda recibir la pensión por discapacidad, necesita un tener un grado de discapacidad a partir del 25%.
Tras haber pasado por tres operaciones de reconstrucción de la pierna izquierda, la mujer soldado todavía necesita una muleta para poder caminar porque no tiene sensibilidad en la extremidad afectada.
En 2013 inició el trámite judicial solicitado por Laura, el Tribunal Superior de Madrid evaluó la situación y estableció que tenía un 60% de discapacidad; pero un mes después, Laura volvió a ser evaluada, estableciéndose su discapacidad en un nivel del 20%. La mujer soldado recurrió y consiguió que se subiera de nivel hasta un 24%
El baile de cifras es abismal y, por lo que parece, es lo habitual en estos casos. Un perito privado al que consultó la soldado Laura estableció en un 70% su discapacidad, lo que ha supuesto que el caso se maree todavía más, y esta es la razón por la que la mujer soldado continúa pidiendo una nueva revisión a las autoridades judiciales.
Laura fue despedida cinco meses antes de que finalizara su contrato y en enero de 2020 se le terminará el paro. El Ejército le pagó una indemnización de 45.000 euros, de los que la mujer soldado asegura que se los gastó en los juicios.
En unas declaraciones recogidas por el diario digital El Español, la ex-militar dijo:
“Lo único que quiero es que reconozcan el error que tuvieron. Soy transparente, quiero la pensión. En su día me reconocieron un grado de discapacidad suficiente y después me lo quitaron. No es que se me haya caído una maceta cuando iba por la calle. Es que fue en Afganistán en un acto de servicio. Es que me mandasteis vosotros ahí.”
Éste caso se asemeja mucho al del soldado Iván Ramos, que en marzo de 2011 sufrió un accidente de tráfico durante una misión de escolta en Afganistán; en el que perdió un brazo, un riñón, tuvo un traumatismo craneoencefálico y se le rompieron 17 huesos. La sanidad pública tasó su discapacidad en un 75%, pero Defensa redujo el nivel a un 24% para no pagarle la pensión.
Varias asociaciones y plataformas de militares y ex-militares denuncian que hay más casos parecidos a estos.
Ramos consiguió que Defensa aumentara el nivel de su discapacidad un punto, al 25%, para poder recibir la pensión.
Laura ya no tiene dinero para poder recurrir, perdió en su último recurso y tuvo que pagar los costes del juicio. Por esta razón, Laura escribió una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que describió cual era su situación y aportó la documentación de su caso. La ministra la respondió con una llamada telefónica diciendo que no podía hacer nada para ayudarla.
Laura se siente desolada y abandonada, e incluso criticó que Delgado no se reuniera con ella personalmente para tratar su caso:
“Yo lo que quería es que me mirara a los ojos y me escuchara. Que, no entiendo por qué, me han bajado casi un 40% el nivel de discapacidad.”
Como no puede pagar los costes de un nuevo proceso judicial en el caso de perderlo, a Laura no le ha quedado más remedio que intentar llevar su caso a la presión pública, reuniendo firmas en la plataforma Change.org, pidiendo al Ministerio de Defensa que interponga una revisión para abrir de nuevo su caso y ofrecerle una reasignación en un puesto en el que pueda trabajar según el estado de su capacidad, o que le concedan la pensión.
“Sigo yendo a revisiones porque sigo teniendo lesiones y se me han generado nuevas de caerme a raíz de los problemas en la pierna. Espero que alguien tenga algo de corazón, se lean los papeles, y que reconozcan que ha habido un error.”
19 de Noviembre de 2019, martes.
Año I. Mes 8º. Día 272. Artículo 287.
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