Las consecuencias del veto a los Presupuestos Generales del Estado de 2019

      -ESPAÑA.
     El veto a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que se produjo en el Congreso de los Diputados, ha generado más consecuencias políticas que económicas. Pese a que no hayan sido aprobados en la Cámara Baja de la Cortes Generales españolas, el país no se quedará sin presupuestos, sino que continuarán activos los de 2018, incluyendo las medidas de gasto aprobadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante decretos leyes.

      Las medidas de ingreso planeadas por Sánchez, al no haber sido aprobadas, dejan un gran vacío en las cuentas del estado que lo dejarán en déficit.

      La subida del del 1,6% y del 3% en las pensiones mínimas, al haber sido aprobadas por decreto ley el 28 de diciembre de 2018, seguirán vigentes; al igual que su nómina continuará con su mejoría del 2,25% aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 22 de enero de 2019.

      El salario mínimo de los 900 euros aprobado por Real Decreto el 1 de enero de 2019, continuará en activo.

      El problema económico del veto a los Presupuestos Generales está en cómo afrontar el déficit público que dejará éste año. Al no haberse aprobado las nuevas medidas impositivas, los ingresos serán muy inferiores a lo previsto y serán insuficientes para financiar el aumento de los gastos establecidos.

      La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su intervención en el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso de los Diputados, del 13 de febrero de 2019; advirtió que la falta de presupuestos dificulta la reducción del déficit público.

      Según Montero, el proyecto de los Presupuestos equivaldría a una renta indirecta en forma de prestaciones y servicios públicos de 4.174 euros por ciudadano, dinero que perdería el Estado si no se aprobaran los Presupuestos.

      Los gastos aprobados por Sánchez en diciembre, mediante decreto ley, se produjeron en un momento de incertidumbre política en el que no se sabía si presentaría el proyecto de los Presupuestos que tenía que haber presentado en octubre. Además de aprobarse la subida de las pensiones y de anunciarse el aumento del sueldo mínimo para el 1 de enero de 2019; en diciembre de 2018 también se aprobó la subida de un 2,5% del sueldo de los funcionarios públicos, además de comprometer transferencias 105.000 millones de euros para las comunidades autónomas, a cuenta del sistema de financiación.

      Sánchez dejó comprometidas las cuentas públicas con el pago de:

      -Más de 153.000 millones de euros en pensiones, 9.000 millones más que en 2018.

      -Más de 23.000 millones de euros en el sueldo de los funcionarios, incluyéndose a las nuevas plantillas ministeriales para la mejora de oferta de empleo público, lo que supone un aumento de 1.000 millones con respecto a 2018.

      La inversión pública ha crecido un 40% y, sin los Presupuestos, varios de esos proyectos podrían quedar parados; aunque los planes diseñados por empresas públicas como Aena o Renfe, al contar con presupuestos propios que no dependen de la tramitación presupuestaria del Congreso de los Diputados, podrán continuar con sus proyectos sin ningún problema.

      El veto a los Presupuestos afecta sobre todo a las subidas de los impuestos que Sánchez tenía planificadas, y que le habrían dado un importe de 5.600 millones de euros para las arcas públicas. De esta manera, no se podrán efectuar las subidas del pago mínimo a las grandes empresas, el incremento del IRPF para las rentas altas ni la subida del impuesto del diésel.

      Sánchez tenía planificado ingresar más de 227.000 millones de euros, lo que hubiera supuesto una cifra récord de recaudación; aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Banco de España, alertaron de que las cuentas del Gobierno estaban muy infladas.

      Los nuevos impuestos como la tasa Google o el impuesto sobre transacciones financieras, pese a no estar sujetos a los Presupuestos, porque la creación de nuevas figuras tributarias no se pueden hacer con los presupuestos, tampoco estarán activos porque su tramitación en el Congreso de los Diputados ha quedado en suspenso. Si el Gobierno lograra sacarlos adelante, su aportación sería muy escasa.

      Se prevé que los gastos de los Presupuestos de éste año dejarán un agujero presupuestario del 2,5% del PIB, solo dos décimas menos que los números rojos registrados en 2018.