Tras el escándalo, inician sumario a AMEN y podrían quitarle el subsidio

Tras la escandalosa charla del viernes pasado, el Consejo Provincial de Educación (CPE) ordenó ayer un sumario al colegio AMEN para determinar si se protegió a los alumnos agredidos y si se cumplen las leyes vigentes. En caso de comprobar alguna irregularidad, sancionarán a la escuela y podrían quitarle el subsidio de dos millones de pesos que recibe actualmente.

El CPE resolvió el sumario a partir de los antecedentes del AMEN. Aunque el disparador fue la charla en la que los disertantes Agustín Laje y Nicolás Márquez defendieron la homofobia e insultaron a menores de edad, existían acusaciones previas contra el colegio.

Si la investigación confirma las denuncias, las sanciones podrían ir desde una multa hasta la quita de subsidios o la pérdida del número de inscripción como escuela reconocida por el Estado.

La ministra de Educación, Cristina Storioni, contó que las autoridades del colegio se negaron a una “salida dialogada” y cuando se les propuso que un equipo fuera a AMEN a dar una charla sobre derechos, “se pararon y se fueron”.

“Eso se suma a una denuncia que teníamos de junio en la Defensoría del Niño, de persecución de la escuela contra una estudiante, y a visitas que hice el año pasado por la disconformidad que tienen a dar contenidos obligatorios”, detalló.

Además, el lunes se agregaron dos denuncias más. Primero, un grupo de padres reclamó por la agresión de Laje y Márquez contra estudiantes, y luego varios alumnos acusaron a AMEN de negarles la educación sexual.

Storioni lamentó “los dichos del pastor Hugo Márquez, porque ahora me doy cuenta de que han politizado la situación”.

Gustavo Aguirre, vocal gremial en el CPE, indicó que el sumario debería resolverse en 90 días y remarcó “la gravedad porque la responsabilidad de docentes y directivos es intervenir para proteger a los alumnos”.

Pastor denuncia discriminación

El pastor Hugo Márquez, titular de la iglesia evangélica responsable del colegio AMEN, informó ayer que iba a recurrir a las autoridades del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) porque siente que la institución está siendo “atacada” por el gobierno provincial.