Atlas de la Producción Comunitaria: el PROSOL (2da entrega)

El PROSOL ha estado sometido a una constante campaña de desprestigio por parte de los políticos y empresarios que han visto peligrar su control sobre los recursos públicos, por un lado; y por los sectores sociales dominantes que han visto un gran peligro en el fortalecimiento del pueblo campesino al haber conquistado una política pública destinada específicamente y obligatoriamente a las comunidades campesinas.

En vez de evaluar al PROSOL como una política que implementa un derecho para el desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas, los sectores sociales dominantes lo han calificado constantemente como un bono, subsidio, o subvención, algo como una donación solidaria de los gobernantes y su grupo social hacia los campesinos, como si los recursos públicos serían solo de los gobernantes, y no así también de los campesinos.

Esta interpretación errónea, anticonstitucional y discriminatoria califica al PROSOL como un regalo que una parte de la sociedad le entrega solidariamente a otra, sin que exista otro motivo más que la generosidad del grupo gobernante, olvidando que históricamente esa clase social que se asume “generosa” ha explotado y despojado al pueblo campesino. Por lo tanto, al ignorar la deuda social histórica, se califica implícitamente a los campesinos como un sector excluido del pacto social de la nación, sin derecho a recibir la inversión pública como política de restitución y/o fortalecimiento de su forma de organización económica, sino solo bajo la forma de donativos solidarios sujetos a la buena voluntad de los que se creen dueños de esos recursos, quizá por eso se creen con el derecho de suspenderlo con un referéndum.

Según la Constitución política del Estado plurinacional, “la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano” (art. 3, CPE). Son fines y funciones esenciales del Estado, entre otras, “garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución” (art. 9,4, CPE). Además, en el marco de los derechos reconocidos por la Constitución a sus ciudadanos, “el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada, entre otras, en razón de origen, cultura, condición económica o social, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona” (Art. 14, CPE).

El pueblo campesino ha sido objeto de explotación, discriminación y marginación por parte del Estado republicano, desde su fundación en 1825, gobernado por la clase social que ahora cuestiona la asignación de esta política pública. Existe una deuda social histórica del Estado y su clase dominante hacia el pueblo campesino, que debe ser reconocida por este Estado, y debe ahora establecer políticas explícitas para reponer el daño que se hizo a este sector de la sociedad, por lo tanto, políticas como el PROSOL no se las puede considerar como regalos, sino como políticas de restitución de derechos usurpados autoritariamente y abusivamente en el pasado.

Las clases dominantes han construido sus capacidades económicas, políticas y culturales en base a la explotación y despojo a los pueblos indígenas y campesinos, por lo tanto, en el marco del proceso democrático de construcción del Estado plurinacional, es un deber el Estado reconocer esta deuda histórica con el pueblo campesino, y un derecho del pueblo campesino a recibir políticas estatales, como el PROSOL, a fin de reconstituir sus capacidades económicas, políticas y culturales.