NO SE HA PERDONADO LA DEUDA A TELECOM DICE CARLOS TORRES; PERO RECONOCE QUE NO HAY SEGUIMIENTO AL CASO

Guanajuato, Gto. Tras 10 años de operar en la capital del estado sin pagar derechos de uso de vía pública, el gobierno municipal de Guanajuato apenas va a emprender acciones legales para cobrar a la empresa Telecom, la deuda que tiene por 84 millones de pesos por dicho concepto.

La cablera, de la que es concesionario Jorge Antonio Rodríguez Medrano, ha gozado de un trato privilegiado por parte de las autoridades municipales, pues por años no ha pagado ni un solo peso por el derecho de uso de la vía pública por la instalación del cableado para la transmisión de la señal.

Dicha empresa opera en la ciudad, al menos desde el 2008, cuando de Banda Ancha S. de R.L. cambió de razón social a Telecom Nacional S. de R. L. de C.V. Desde entonces ha venido operando sin pagar.

Al respecto el secretario de ayuntamiento de Guanajuato, Carlos Torres Ramírez sostuvo que el municipio no ha perdonado la deuda a la cablera, y se excusó con el argumento de que había habido acercamientos con la empresa a través de la dirección de Desarrollo Urbano para su regularización,  pero no hubo respuesta y tampoco seguimiento al caso.

“Ya lo comente desde el viernes pasado, hubo situaciones, hubo varias mesas de negociación, un proyecto de convenio, luego un distanciamiento y no se pudo cobrar, entonces basado en toda esa información es que nosotros tendremos que llevar a acabo lo que corresponde para salvaguardar el interés municipal”.

Aclaró que “no se ha perdonado el cobro (a la empresa), eso quiero que quede claro, no existe un documento que hable de una exención a una empresa cablera determinada, no lo existe y no esta perdonado, es parte del análisis y de lo que preocupa a la administración; y que la administración tomará las medidas para preservar los derechos”.

A raíz de que se ventiló el adeudo millonario de Telecom con el municipio, diversas áreas de la administración municipal: Secretaría de Ayuntamiento, Jurídico, Ingresos, y Desarrollo Urbano sostuvieron una reunión, en la que también participó el alcalde Edgar Castro Cerrillo, para determinar cuáles serían las acciones que se estarían emprendiendo contra la empresa.

La reunión apenas duró una hora, a la salida Carlos Torres informó que las áreas correspondientes realizarán un estudio y análisis detallado para determinar desde cuándo opera la cablera en la ciudad, y si la deuda es 84 millones de pesos o es superior al monto estimado. El resultado servirá, dijo el secretario, para determinar las acciones que se van a llevar a cabo

Dijo no poder detallar las acciones legales que se van a emprender, “por razones obvias, porque ya entró en acción el área Jurídica y no podríamos adelantar cuáles, porque eso daría una situación de marcar rumbo y no lo podemos hacer porque tenemos que concretar primero las acciones”.

“Es una cablera que está actuando, que ha hecho uso de la vía pública y por eso tendremos que realizar acciones tendentes a preservar el interés del municipio” reiteró.

Cuestionado sobre las irregularidades y omisiones en las que habría incurrido la actual administración al no realizar el cobró por el uso de vías, Carlos Torres se limitó a señalar que por instrucciones del alcalde, “estamos atendiendo el asunto, estamos viendo hacia adelante y lo que tendremos que realizar y lo haremos con toda puntualidad”.

Omisión delicada: Izaguirre

Una vez más y como en otros temas, los miembros del ayuntamiento de Guanajuato no estaban enterados de la deuda que, por años, se le ha perdonado a la cablera Telecom, lo que resulta preocupante, señaló el síndico y miembro de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, Ramón Izaguirre Ojeda.

En entrevista, el síndico indicó que llama la atención que durante los ejercicios de revisión de presupuesto del 2016, 2017, 2018, no se haya informado sobre la existencia de este pasivo, cuando en los documentos sí se reflejaban las deudas que tiene por ejemplo Megacable, “de la que también se nos ha informado a cuenta gotas.

Consideró que es una omisión muy delicada el que no se haya cobrado a la empresa el derecho de vía, porque además de que implica el dejar de recibir un ingreso, podría existir el riesgo de que por los plazos la deuda prescriba.

Indicó que tendría que haber una investigación, porque no se puede ser omisos por ignorancia, pues hacer efectivo el cobro de un derecho es una obligación.

Izaguirre mencionó que varios actores tendrían que haber tenido conocimiento del tema, como el síndico Marco Antonio Carrillo Contreras, quien es el representante financiero y firma la cuenta pública del municipio, “tendría que haberse enterado”.

“Llama la atención que ni siquiera se  haya comentado, y tampoco aparezca en los presupuestos que se han revisado. Tendría que revisarse a detalle la información en cada presupuesto de los pasivos y ver las actuaciones jurídicas que se han emprendido”.

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