Con el déficit habitacional que asuela a la provincia, los salteños que accedieron a un terrero optan por comprar una casa prefabricada para disminuir los tiempos de construcción y los costos. El problema es que si bien son una solución para la demanda de viviendas, este sistema de construcción no tiene control ni de registro ni de inspecciones. Hasta ahora, por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa) nunca pasó un plano de este tipo de viviendas para revisar, entre otras cosas, el cumplimiento de las normas sísmicas, lo que deriva en construcciones que al final terminan siendo clandestinas.
Ante la proliferación de este tipo de construcciones, hay que preguntarse: ¿qué es lo que compramos?, ¿quién lo certifica? y ¿qué responsabilidad le cabe al propietario de este tipo de viviendas?
Cuando uno quiere comprar una casa prefabricada, antes de montarla o de construirla hay que gestionar la autorización de los planos y, por ende, de la obra. Según la jurisdicción, hay que presentar el plano en la Municipalidad, y si cumple con las normas de edificación establecidas obtiene un visado. De ahí la gestión continúa en el Copaipa, que es el encargado de dar el visto bueno al cumplimiento de las normas sismorresistentes y normas eléctricas. Luego el plano vuelve a la Municipalidad, se aprueba y recién se debería empezar la obra.
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