Después de cuatro años de investigación, la Contraloría General de la República decidió archivar la investigación contra las empresas Enertolima, Energia de Pereira y varios de sus accionistas y directivos que estaban vinculados a un proceso de responsabilidad fiscal por presuntamente haberse favorecido con la capitalización de la empresa al momento de la adquisición del 49% de las acciones, el reparto de dividendos sobre utilidades brutas sin haber enjugado las pérdidas, además de la realización de inversiones del capital social en el Fondo Proyectar Valores.
La investigación por la presunta afectación patrimonial era por un monto superior de los $64.000 millones, lo que había generado que la Contraloría dispusiera este caso en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. Sin embargo, la decisión final fue el archivo del proceso fiscal.
Señala el auto de la Contraloría que las actuaciones del grupo empresarial y los directivos fueron ajustados a la ley con lo cual señalan que “el reparto de dividendos en los años 2006, 2008 y 2009 cumplió con todas las previsiones normativas exigidas; asimismo, determinó la ausencia de detrimento patrimonial al Estado en el giro de dividendos a Enertolima”.
La decisión se suma a la ya tomada por el Tribunal Superior de Risaralda, en 2010, cuando advirtió que proceso de capitalización de Empresa de Energía de Pereira, por parte de Enertolima, cumplió con todas las exigencias legales.
El asunto de fondo era establecer si Eninsa, cuyo máximo accionista es Alberto Ríos Velilla, tenía derecho a recibir la totalidad de los dividendos de 2008, cuando se integró como accionista de la Empresa de Energía de Pereira desde el 11 de agosto de ese año. Al respecto la Contraloría concluyó que “el pago debe hacerse a quien tenga la calidad de accionista al momento de hacerse exigible el pago, sin importar el tiempo que lleve como accionista”.
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