¿Por qué las alcaldías locales son foco de corrupción?

Los líos de corrupción en las alcaldías locales de Bogotá no son tema nuevo. Lo que sí es inédito es que el problema haya escalado hasta el punto de que el alcalde mayor, Enrique Pañalosa, les haya pedido la renuncia a todos los alcaldes menores, como sucedió la semana pasada. Pero, ¿qué hay en el fondo de los problemas de esas gerencias de las localidades?. Hay consenso en que el principal pecado es el diseño mismo de la figura: la forma de elección, que abre puertas al clientelismo, y el exceso de funciones, que les impide cumplir con todas sus obligaciones.

Según datos de la Personería Distrital, actualmente hay 354 indagaciones vigentes en esa entidad por irregularidades en las alcaldías locales, cometidas incluso desde el gobierno de Samuel Moreno Rojas. De esas, 182 (el 51%) son por violación al régimen de contratación y de convenios. Suba y Kennedy, con 38 y 34 indagaciones respectivamente, son las localidades más emproblemadas, mientras que Sumapaz, con 2, es la que sale mejor librada. Ese panorama, ya nublado, se oscureció en el último mes.

La Personería abrió indagaciones sobre siete alcaldías locales. La mayoría de las posibles irregularidades se habrían presentado en la contratación del mantenimineto de la malla vial, la función principal de los alcaldes locales, si se tiene en cuenta que por directriz de la alcaldía mayor, en ese rubro tienen que invertir el 50% de su presupuesto, que asciende a los $800.000 millones en conjunto.

El fondo

Las alcaldías locales fueron creadas con el propósito de desconcentrar las labores del Distrito en sus territorios. Con localidades como Kennedy, con 1,5 millones de habitantes (muchos más que la mayoría de ciudades capitales de departamento) era necesario un organismo que ayudara a gerenciar al nivel local. Esa es una premisa que pocos discuten. Sin embargo, las críticas empiezan en la forma de elección de los mandatarios. Los alcaldes locales son escogidos por el Alcalde Mayor, de una terna seleccionada por los ediles de la respectiva localidad. Y ahí, en ese punto, es donde, para el concejal Juan Carlos Flórez, se corrompe el mecanismo.

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"Al alcalde le meten un gancho ciego, porque tiene que elegir entre lo que le presentan los ediles, y los ediles saben de la incidencia de los alcaldes locales en el presupuesto". Para el concejal Flórez, allí surge la alianza donde anida el clientelismo. Los candidatos ternados por los ediles están dispuestos a devolver el favor a punta de contratos, pues para el cabildante, en las alcaldías locales se replica el modelo nacional.

Un funcionario de un ente de control del Distrito, que pidió la reserva de su nombre, aseguró que los alcaldes locales tienen demasiadas presiones encima. Los ediles que los ternaron se sienten con la potestad de exigirles, al igual que los concejales y hasta los representantes a la Cámara que dominan las localidades. Así mismo, la Alcaldía Mayor les da directrices y les pide resultados. "Los alcaldes locales tienen un gran marco de vulnerabilidad", sostuvo.

A las presiones que cargan detrás se suma que los alcaldes locales tienen demasiadas obligaciones y un equipo limitado para llevarlas a cabo. Sus funciones son más de 160, y contemplan desde coordinar la contratación local hasta organizar capacitaciones, ordenar el espacio público, realizar operativos en establecimientos nocturnos y vigilar que las pesas de las tiendas y los supermercados no estén alteradas. Para eso, explican en la Secretaría de Gobierno, puede tener una planta de entre 25 y 50 empleados, dependiendo del tamaño de la localidad.

Angélica Lozano, hoy representante a la Cámara por Bogotá, quien fue alcaldesa local de Chapinero, explica que la fuerza de las comunidades en cada localidad es un factor clave frente a las posibilidades de corrupición. En localidades como la que ella lideró, cuenta, donde las necesidades básicas están mejor resueltas, la ciudadanía tiene tiempo y disposición para acompañar y vigilar a los mandatarios locales, y esa veeduría disminuye los riesgos de corrupción. 

La pregunta, entonces, es qué hacer con esa figura. Para Flórez, el modelo de las alcaldías locales es ineficiente y debe ser reemplazado. En el Congreso ya se está tramitando una reforma al estatuto orgánico de Bogotá para que, explica Lozano, los mandatarios sean designados directamente por el alcalde mayor, sin las ternas de los ediles. Así, él sería el responsable de sus actos y se frenaría ese círculo de clientelismo local. 

En la administración distrital, por su parte, desde hace un año están implementando estrategias para encarar el asunto. La Secretaría de Gobierno creó una dirección para apoyar las alcaldías locales en los procesos de contratación, asesorarlos y darles luces sobre la forma como deben construir las licitaciones.

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Además, se están creando pliegos tipo de licitación, es decir, un modelo que todas las alcaldías usan como referente, para evitar que cada una se invente su modelo, a su acomodo, como solía pasar en épocas pretéritas. Ya lo hicieron para la contratación de la malla vial, con la asesoría del IDU. Así se busca que los requerimientos que se les pidan a los oferentes sean estrictos, para evitar colados, pero que a la vez sean alcanzables, y que nunca falten las propuestas.

Otro de los cambios que se han dado desde la llegada de Enrique Peñalosa a la administración capitalina es la prohibición de los convenios por asociación. Mediante esta figura, las alcaldías locales elegían a dedo fundaciones sin ánimo de lucro para que adelantaran grandes paquetes de contratación. El año pasado, según datos del Distrito, $40.000 millones fueron invertidos con esta modalidad, mientras que en lo que va del 2017 no se ha utilizado.

Carmen Teresa Castañeda, la personera distrital, quien está adelantando las investigaciones, cree que la forma de elección de los alcaldes locales está mal planteada, y ve con buenos ojos la propuesta del Distrito de crear una dependencia con reglas claras que maneje los recursos de las localidades, en vez de dejarlos en manos de los alcaldes menores.

Sin embargo, asegura Castañeda, la corrupción seguirá en marcha, sin importar los castigos ni los instrumentos para combatirla, mientras los funcionarios no tomen conciencia de la ética pública y de su vocación de servicio. Entretanto, anuncia que para el mes de junio saldrán las decisiones disciplinarias sobre los alcaldes locales que están enredados por irregularidades en su gestión.