Modelos de la Educación Especial

 Antecedentes

En el desarrollo histórico de la educación costarricense, se destaca el aporte del licenciado Jesús Jiménez cuando asume de nuevo la presidencia de la República en 1868. En la Carta Magna de 1869, en su artículo 6°, se establece que: “La enseñanza primaria de ambos sexos es obligatoria, gratuita y costeada por la Nación…” (Dengo, 1998). Así pues, este acontecimiento histórico se convierte en la plataforma de la actual educación pública costarricense. Además de este suceso, cabe anotar que durante la segunda mitad del siglo XX ocurrieron otros importantes eventos que también modificaron el modelo del estado costarricense y cuyos efectos alcanzaron las distintas esferas económica, política y social de la nación. Históricamente, el inicio de la educación especial en Costa Rica se ubica en 1939, cuando por iniciativa del profesor Fernando Centeno Güell se abre la primera escuela de enseñanza especial, actual Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell. Esta primera escuela se instaló en un pequeño local en los alrededores del parque Morazán y allí inicialmente se ertura, se establece la “Sección de Ciegos y Ambliopes Profundos” (MEP, 1993), denominada actualmente el Departamento de Deficientes Visuales. No obstante, a partir del 23 de julio de 1940, con el establecimiento del Decreto Ejecutivo Nº 10, se oficializa el sostenimiento de la escuela por parte del Estado. Posteriormente, el 15 de marzo de 1944 mediante la Ley Constitutiva Nº 61 se declara de interés público la educación de niños que sufren de retardo mental, o de trastornos auditivos, de vista o del sistema vocal o de cualquier otro impedimento físico análogo que les impida proseguir con éxito las enseñanzas de la escuela común. Aparte de la creación de la Universidad de Costa Rica, el establecimiento de la primera escuela de enseñanza de especial en 1940 se considera uno de los logros institucionales más importantes en materia educativa durante los años de la reforma social. Esta fue una victoria que implicó el reconocimiento de una significativa población menor de edad, la cual requería un abordaje educativo que respondiera a sus necesidades educativas, pues hasta entonces los menores quienes presentaban discapacidad sensorial o retraso mental no contaban con una institución que les ofreciera los recursos educativos necesarios. (Dengo, 1998; Aguilar, 2008).