Situación de DD. HH. y DIH en Colombia
En el marco de la misión constitucional de la Defensoría del Pueblo, de impulsar el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos de todos los habitantes del territorio colombiano, el Defensor del Pueblo presenta al Congreso de la República el informe anual 2018 sobre sus actividades y de la situación de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario
Este informe ejecutivo aborda varios aspectos. El primero de ellos es la dinámica del conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia. Posteriormente, se muestra un estudio de la situación de las víctimas del conflicto armado y el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. Luego de ello, se hace una breve valoración de los procesos electorales que se llevaron a cabo en 2018 y 2019 y de los riesgos que implica el ejercicio de los derechos políticos y de participación.
Se aborda también la problemática de la migración forzada de la población venezolana y se concluye con un análisis de la situación de los principales grupos poblacionales vulnerables, en aspectos como la violencia y discriminación contra la mujer, los casos de personas con orientación sexual e identidad de género diversas y la situación de derechos humanos de los pueblos y comunidades étnicas.
En términos generales, con este informe se exhorta y recomienda a las instituciones del Estado a que adopten medidas que contribuyan de manera efectiva a la superación de las problemáticas descritas. Asimismo, se les invita a que brinden protección y atención adecuada y garanticen el goce efectivo de los derechos fundamentales, especialmente para los grupos socialmente vulnerables y en riesgo.
Los migrantes también fueron una de las poblaciones prioritarias de la acción del CICR en 2018. La institución apoyó a cerca de 124.000 migrantes, retornados y habitantes de comunidades receptoras. Al respecto, el coordinador del CICR de las operaciones en terreno, Christoph Vogt, indicó que su exposición a las dinámicas conflictivas que se viven en las zonas fronterizas o a lo largo de la ruta migratoria implica riesgos adicionales para personas que ya se encuentran en una situación extremadamente precaria.
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