ENTIDAD ENTRÓ EN FUNCIONES EN 2020 Y, A PESAR DE LA URGENCIA POR EL ESTALLIDO SOCIAL, ESTÁ PARALIZADA
19.01.2021
El mecanismo de prevención de la tortura que Chile se comprometió a crear hace 11 años, finalmente vio la luz en 2019. La ley designó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y ordenó crear en 2020 un comité que pueda realizar visitas “no programadas” a lugares de detención. Una tarea clave tras el estallido social. Sin embargo, la puesta en marcha del comité ha sufrido un fuerte retraso y, a solo siete meses de haber sido nombradas, ya renunciaron dos de sus cuatro integrantes. CIPER accedió a un informe que el comité envió al director del INDH, en donde se describen problemas de gestión del instituto entre las razones de la demora.
Dentro de las dificultades que se describen en el informe que el comité hizo llegar a los consejeros del INDH se mencionan, aunque no se detallan, problemas entre las expertas que lo integran “por opiniones divergentes respecto de aspectos fundamentales del Mandato, así como también procedimentales, involucrando decisiones importantes, las que han entorpecido los avances en algunos aspectos”.
La ley estipuló un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la regulación para nombrar a los “cuatro primeros expertos”, de un total de siete que deberían estar completamente instalados al cabo de 18 meses de entrada en vigencia la norma. Cada especialista debe tener experiencia en temas distintos: área social, salud, sistemas penitenciarios, derecho humanitario y derechos humanos.
CIPER consultó a Stuven, Madariaga, Canessa y Díaz sobre las “opiniones divergentes” que hubo en la interna del comité. Madariaga declinó dar declaraciones. Stuven y Canessa expresaron de manera conjunta y escueta que las diferencias “han sido sobre la visión y alcances prácticos del mandato del Comité”. Alejandra Díaz también respondió por escrito:
“Evidentemente, en un grupo humano diverso, que se ha comunicado desde el inicio vía Zoom, que no se conoce personalmente, y que debe resolver temas complejos a nivel país, surgen dificultades. Han sido varias y no entraré en el detalle, pero sí una de las que recuerdo tuvo que ver con el alcance del concepto de prevención que constituye el centro del mandato del Mecanismo. Se debatía si debía entenderse como un concepto amplio, que abarcara medidas que son propias de los organismos tradicionales de Derechos Humanos, tales como la denuncia pública y la judicialización, o si debía basarse más en el diálogo con la autoridad y el trabajo colaborativo con esta para lograr cambios sustantivos en las condiciones de las personas privadas de libertad, sin perjuicio de utilizar la herramienta de denuncia pública en algunos casos”, indicó.
Alejandra Díaz Gude (Fuente: Researchgate.net)
Otra de las preocupaciones por parte del mundo académico es la experiencia que poseen en materia de derechos humanos las dos expertas del comité que se quedan. Lidia Casas, del Centro de Derechos Humanos de la UDP, dice que “el punto es cómo se hizo la selección, si es que acaso este Mecanismo no tiene la misma lógica de selección que ha habido para efectos del consejo del INDH, donde todo es cuoteo político, y que finalmente termina neutralizando el trabajo de estas instituciones”.
Las dos expertas que renunciaron –Stuven y Madariaga– tienen un amplio currículo en temas de derechos humanos. Ana María Stuven, licenciada en Historia de la Universidad Católica y con un PhD en la Universidad de Stanford, es presidenta del directorio de la Corporación Abriendo Puertas, cuya misión es “acompañar y capacitar a mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario Femenino de Santiago”. Ella fue escogida por Alta Dirección Pública como expertas en el área social. Aunque presentó su renuncia indeclinable a comienzos de este año, solo se hará efectiva en marzo. CIPER la contactó, pero no quiso dar declaraciones sobre su salida.
Isabel Madariaga fue seleccionada en el área de derechos humanos. Es abogada de la Universidad de Chile y su carrera siempre ha estado ligada a la materia: estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2000 y 2013, y posteriormente coordinó al equipo técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que visitó Nicaragua y constató crímenes de lesa humanidad cometidas por el Estado, cuyo gobierno sigue encabezado por Daniel Ortega. Madariaga indicó a CIPER que renunció “en septiembre en virtud de mis principios y convicciones en materia de derechos humanos. Mis discrepancias eran serias y profundas en contenido y en forma de trabajo. Aduje motivos personales con el objeto de no afectar al mecanismo”.
Isabel Madariaga Cuneo (Fuente: GIEI Nicaragua)
Las dos integrantes que quedan son Javiera Canessa y Alejandra Díaz. Titulada como médico cirujano de la Universidad Católica y con una especialización en Medicina Familiar del mismo centro de estudios, Canessa fue seleccionada como experta en el área de salud. Alejandra Díaz, elegida como experta en sistemas penitenciarios, es abogada de la Universidad de Chile con un PhD en criminología de la Universidad de Leeds. En mayo de este año –según informó– suspendió su calidad de co-directora del máster de Derechos Humanos de la Universidad San Sebastián, donde aparecía como docente Andrés Chadwick, ex ministro del Interior que fue acusado constitucionalmente por omitir la adopción de medidas para detener violaciones de derechos humanos durante el estallido social de 2019.
Consultada sobre los cuestionamientos a la experiencia de algunas integrantes del comité, Alejandra Díaz respondió por escrito a CIPER que el tema de los derechos humanos “ha estado presente durante toda mi vida profesional. Hice un doctorado en Derecho en la Universidad de Leeds, con especialización en justicia restaurativa y sistemas de justicia juvenil y penitenciaria. Mi tesis doctoral versó sobre la justicia restaurativa en sistemas penitenciarios, las necesidades y derechos humanos de las víctimas y personas privadas de libertad y la reinserción de jóvenes infractores de ley penal. Así como la ADP creyó que yo estaba capacitada para este cargo, yo también lo creí y por eso me atreví a postular como experta en el área Penitenciaria”.
“Creo que me he preparado toda mi vida para trabajar en una institución tan importante como ésta, y en un momento del país en que se han cometido las más graves violaciones a los derechos humanos desde la vuelta a la democracia, jamás me restaría de participar a pesar de cuestionamientos a mi persona, por muy injustos que sean”, agregó.
Javiera Canessa indicó a CIPER que “se me designó como experta en el área de salud y para esa función, como Médico Familiar de Adulto con amplia experiencia en Atención Primaria de Salud y poblaciones vulneradas en sus derechos, cumplo con las competencias técnicas y la experiencia necesaria para un buen desempeño de mi cargo y como parte de un equipo multidisciplinario que, en conjunto y no individualmente, tiene la importante misión de cumplir con el mandato de la ley”.
Ni el comunicado enviado por el INDH ni las expertas consultadas por CIPER se refirieron a uno de los problemas más importantes que describió el comité en su informe a los consejeros del instituto. Se trata de la revelación acerca de que no han recibido de parte del INDH “todos los insumos de información comprometidos o relevantes, para el desarrollo de su función”.
Sobre este punto, Alejandra Díaz se limitó a señalar: “Dado que este tema es materia específica de un informe enviado por el Comité al INDH, respecto del cual estamos en conversaciones, considero que no corresponde referirme de manera pública a este tema. Sin embargo, quiero aclarar que no pongo en duda el compromiso ni la voluntad que ha existido siempre de parte del Instituto de Derechos Humanos y de todos los miembros que trabajan en el Mecanismo para que este se instale en el menor tiempo posible, pero la pandemia nos ha afectado indudablemente a todos”.
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