Cinco Instituciones del Estado involucradas por desfalco de L.122 millones

Varios funcionarios de unas cinco instituciones del Estado estarían involucradas en el desfalco de más de 122 millones de lempiras denominado “Hermes” destinados a campañas publicitarias de Casa Presidencial, señalo Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) de Honduras.

El nuevo caso que presento el Ministerio Público informa que la ministra en Comunicaciones y Estrategia, suscribió 29 contratos de manera directa y sistemática, que sumaron más de 98 millones 313 mil de lempiras.

Entre el año 2014 y 2016 se realizó el presupuesto que sobrepasa en más de 49 millones de lempiras aprobado a Casa Presidencial para el rubro publicidad y propaganda a medios de comunicación.

Además, los fondos públicos también fueron usados para compra de vehículos, boletos aéreos, préstamos, construcción de vivienda, pago de préstamos hipotecarios, elaboración de banderas para campaña política, diseño y montaje de restaurante, renta de vehículos blindados, compra de semilla para producción de vivero de palma africana, pagos de planilla de una empresa mercantil y compra de propiedad de 102 hectáreas de extensión cultivada de palma africana.

Mediante un Twitter Santos indicó que esos 122 millones fueron sustraídos por una empresa de maletín vinculado al caso Pandora, “los que fueron utilizados en su mayoría para pago de cantidades que oscilaron entre 15 mil a 100 mil lempiras mensuales a 77 periodistas”.

En ese mismo sentido el jefe de Ufercu agrego los siguiente: “Algo que nos debe hacer reflexionar a todos: Funcionarios de cinco (5) instituciones publicas diferentes se encuentran involucrados en el presente caso: Casa Presidencial, TSC (Tribunal Superior de Cuentas), secretaria de Desarrollo Económico, delegado para la Economía Verde y Congreso Nacional”.

Implicados al Caso Hermes

Se vincula a Pedro Alexander Pineda Díaz, (ministro de Gestión Financiera de Casa Presidencial) por considerarlo autor de 43 delitos de violación de los deberes de los funcionarios; un delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino; 43 delitos de fraude; todos en perjuicio de la administración pública.

Asimismo a Harvis Edulfo Herrera Carballo; (gerente administrativo de Casa Presidencial) por considerarlo autor de 43 delitos de violación de los deberes de los funcionarios; un delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino; 43 delitos de fraude; 50 delitos de malversación de caudales públicos; todos en perjuicio de la administración pública.

En ese mismo sentido es acusada a Lesly Mirella Fúnez Sierra, (contadora general de Casa Presidencial) por considerarla autora de 43 delitos de violación de los deberes de los funcionarios; coautora de 43 delitos de fraude; y 53 delitos de malversación de caudales públicos; todos en perjuicio de la administración pública.

Axel Eduardo Huete González, (gerente administrativo de Casa Presidencial) por considerarlo autor de tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios; tres delitos delitos de fraude; y tres delitos de malversación de caudales públicos; todos en perjuicio de la administración pública.

A su vez, esta implicada a Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, por considerarla cómplice necesario 43 delitos de fraude, en perjuicio de la administración pública; y un delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

Claudia Yamilia Noriega González, a título de autor de un delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras;

Norman Guillermo Noriega Rodríguez, a título de autor de un delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.

Asi como Mario Alberto Villanueva Menjívar, (subjefe de fiscalización presupuestaria del Tribunal Superior de Cuentas TSC) por considerarlo autor del delito de testaferrato en perjuicio de la economía del Estado de Honduras;

Margarita Vargas, a título de autor del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública.

Mientras que a Judith Mariel Muñoz Castañeda y Julio Antonio Galdámez Fuentes, acusados del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública