Gobierno tapa el sol con un dedo ante acusaciones en EEUU

Tegucigalpa, Honduras. Sin duda alguna las agendas mediáticas, los filtros y ocultamiento de la información son evidentes en Honduras, un país que de a poco, ha ido sucumbiendo en la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, ya sea por parte de las maras y pandillas, o los mismos funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, o Judicial que se encuentran actualmente gobernando.

El Gobierno de Honduras, bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, como el Sistema de Seguridad Nacional han sido señalados innumerables veces por el Sistema de Justicia Estadounidense, ya sea porque al presidente se la ha identificado como co-conspirador en tres importantes casos de tráfico de drogas y corrupción presentados por los fiscales de Nueva York.

O bien porque a los funcionarios gubernamentales, fuerzas de seguridad estatales y privadas, crimen organizado y líderes empresariales, trabajaron juntos. Dando uso de la fuerza contra civiles, reprimiendo la libertad de expresión y protesta, haciendo ataques, asesinatos, desapariciones forzadas y cargos penales fabricados contra defensores de los derechos humanos, del medio ambiente, opositores políticos y periodistas.

Haciendo que Estados Unidos y un grupo de influyentes senadores demócratas introdujeran una legislación que sancionaría al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cortando la ayuda financiera, la venta de municiones a las fuerzas de seguridad del país, por estar implicadas en abuso generalizado de derechos humanos y actividades delictivas.

Pero… ¿Qué hace el Gobierno de Honduras?

Este miércoles 24 de febrero del 2021, jefes de bancada del Congreso Nacional y el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se reunieron para exponer e informar acerca de los hechos y planes estratégicos que el gobierno de Honduras ha realizado en materia de seguridad en la lucha contra el narcotrafico, crimen organizado, maras y pandillas.

En este sentido el presidente Juan Orlando Hernández, mediante trasmisión especial se refirió a su lucha contra el crimen organizado y la Ley en EEUU que busca sanciones en su contra.

“Si Estados Unidos comete el error de premiar a los narcos que dan falsos testimonios, la batalla contra el narcotráfico en Honduras será insostenible”, manifestó Hernández, en comparecencia ante el Congreso Nacional donde presentó un informe sobre los logros obtenidos contra la criminalidad, así como una serie de propuestas para contrarrestarla.

Cabe mencionar, que el presidente sostuvo varias veces que los narcotraficantes mienten porque “buscan reducir sus penas” y lo hacen en venganza contra los que verdaderamente los persiguieron hasta “desacomodarlos de Honduras”.

Recordó que hace una década previa a su llegada al poder, Honduras estaba a punto de convertirse en un estado fallido, pero que gracias a que se adquirieron compromisos solemnes, se pudo salvar al país.

Destacó que hace 10 años se tenía la tasa de homicidios más alta del mundo, que además no existía la extradición, la Policía Nacional estaba “coludida” y “penetrada” por el crimen organizado, a tal grado de asesinar al director de lucha contra el narcotráfico.

Realidad existencial

Según el proyecto de ley presentado en Estados Unidos este martes 23, detalla el papel de Hernández en la desaparición del estado de derecho en el país: como congresista, y que apoyó al golpe de estado en 2009 y luego creó la fuerza policial militarizada que está implicada en ejecuciones extrajudiciales, supervisó una purga del poder judicial y presionó a través de reformas inconstitucionales para mantenerse en el poder y proteger a los funcionarios corruptos de ser procesados.

Asimismo que Hernández ha negado repetidamente cualquier vínculo con el tráfico de drogas, incluido el conocimiento previo sobre el tráfico de armas y cocaína de su hermano menor que fue declarado culpable en Nueva York de asociación delictuosa relacionada con estupefacientes en 2019.

Cabe mencionar, que el caso narcopolítico llevado a cabo en la corte del distrito sur de Nueva York, vincula directamente al presidente Hernández. Esto luego de que el testigo número uno diera declaraciones en las que vinculan directamente al presidente de Honduras como co-conspirador.

Esas acusaciones fueron recopiladas por un fiscal de los Estados Unidos en la corte del distrito sur de Nueva York, junto con el juez Kevin Castel a la cabeza del caso.

En este sentido instituciones y figuras públicas demostraron su desagrado mediante post en redes sociales, pidiendo la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, así como la renuncia y destitución de los funcionarios de los demás poderes que han sido implicados o señalados.

Una de ellos fue Gabriela Castellanos directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), pidiendo la renuncia de Juan Orlando Hernández por sus vínculos con la narcoactividad, mediante una carta pública.

Por otra parte, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), emitió un fuerte pronunciamiento este miércoles en el que manifiestan que de ser necesario se adelanten las elecciones a fin de no continuar poniendo en riesgo la situación socioeconómica del país.

El economista del FOSDEH, Ismael Zepeda, manifestó que cada día la situación se vuelve complicada mientras “Él está muy cómodo en su silla de Casa Presidencial sin importarle lo que le sucede al pueblo.

Panorama General

Sin duda alguna el Gobierno y el presidente Hernández han sido fuertemente señalados, tratando de ocultar o enmendar lo que parece ser una realidad ficticia, ya que la población hondureña exige a gritos la renuncia del gobernante hondureño para que el país tome un rumbo diferente.

Honduras sufre el covid-19 en medio de una crisis del Estado en su conjunto. Siendo uno de los países más pobres del continente.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), cuenta con aproximadamente 40% de su población en situación de pobreza extrema y 67.4% en pobreza relativa, concentradas especialmente en el área rural, donde 73.5% de los hogares viven en condiciones de pobreza.

Sumado a que el país es conducido por un presidente impopular que lidera un Estado militarizado e incompetente.

Asimismo con un alto índice de faltas hacia los derechos humanos, siendo el caso más destacable el asesinato de la enfermera Kelya Martínez, quien a principios de este mes murió bajo custodia policial.

Honduras carece de un liderazgo creíble para enfrentar la crisis sanitaria con el COVID-19, así como la gestión pública.

Las respuestas estatales caracterizadas por la improvisación y la distribución de información sin fundamentos completos o del todo ciertos, nos dejan en claro que, la realidad hondureña no es esperanzadora.