El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana (foto), dijo que el país ha explicado el funcionamiento de la tasa a países vecinos, Estados Unidos y Unión Europea (UE) y que tiene por finalidad combatir el contrabando y supervisar los productos que ingresan a Ecuador con precios subvalorados. “Mientras podamos justificarlo no habría ningún inconveniente”, manifestó Campana.
La medida entró en vigencia a partir del 13 de noviembre de 2017. Los bienes importados deben cancelar una tasa, de acuerdo con una fórmula que considera el peso de la mercadería y una unidad de control. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) informó que la CAN admitió el pedido para calificar la tasa como un gravamen al comercio.
La CCG junto con otros 69 gremios han demandado en varias ocasiones la inconstitucionalidad de la medida, pero no han tenido éxito. Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), indicó que el sector empresarial advirtió, entre otras cosas, que la misma contravenía normas internacionales de las que el país es signatario.
La Senae rechaza este tipo de acusaciones y se ampara en el artículo 301 de la Constitución, normas de la CAN y de la OMC.
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