Desde 1935 en el país se estableció la obligación para las sociedades anónimas de tener un contador independiente que examinara todas las operaciones, verificara las cuentas, avalara con su firma los balances y se cerciorara de que los negocios se realizaran conforme a la ley. Su deber además es dar oportuna cuenta de irregularidades en los actos de la compañía.

Esa figura, que existe en muchos otros países, en Colombia se denominó revisoría fiscal y hoy está en el ojo del huracán por cuenta de recientes escándalos empresariales como los de Interbolsa, Reficar, Estraval y más recientemente Odebrecht.

Para algunos abogados y empresarios, los revisores fiscales están pasando de agache en estos descalabros, que tienen algunos de sus protagonistas en la cárcel; pero otros consideran que a estos profesionales se les está exigiendo más de lo que pueden hacer, pues además de que cada vez asumen más funciones, tienen una talanquera grande: quienes les pagan el sueldo son los mismos a quienes deben vigilar, lo que afecta su independencia.

A esto se suman los pocos ‘dientes’ que tiene la Junta Central de Contadores, que es el ente rector de la profesión, dado que es el responsable del registro, inspección y vigilancia de quienes ejercen la contaduría, así como de las personas jurídicas prestadoras de esos servicios.

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Si el tribunal disciplinario de la Junta detecta a un contador o revisor fiscal que, por ejemplo, avala pasivos inexistentes, omite ingresos, tramita devoluciones ante la Dian por exportaciones ficticias –como ocurrió con algunas exportaciones de chatarra–, máximo le pueden imponer una multa de $12 millones o cancelarle la tarjeta profesional por un año. Unos castigos muy leves para la gravedad de sus faltas, razón por la cual no hay forma de impedir que en poco tiempo los profesionales inescrupulosos vuelvan a sus andanzas.

Actualmente, los siete miembros del tribunal investigan 1.177 expedientes y en los últimos 10 años han sancionado a 567 contadores y a 604 revisores fiscales. Advierten que no pueden hacer su labor de forma más expedita, pues no son funcionarios de dedicación exclusiva, sino que se reúnen cada 15 días para estudiar los casos y tomar decisiones. En este tribunal hay representantes de la Dian, del Ministerio de Comercio, de las instituciones de educación superior, del Consejo Gremial y de las asociaciones de contadores públicos.

No obstante, en la Junta Central de Contadores también advierten que no se debe estigmatizar la profesión, pues las investigaciones y sanciones son pocas frente a la cantidad de contadores que hay en el país. Según las estadísticas del organismo, son 222.384 profesionales, de los cuales 62% son mujeres.

¿Falta malicia?

Quienes están preocupados por el papel que juegan los revisores fiscales en los recientes conflictos empresariales, que involucran desfalcos, sobornos y malos manejos en cifras millonarias, admiten que es muy difícil detectar sobornos como los ocurridos con Odebrecht, ya que es un delito que se hace por debajo de la mesa, pero también dicen que ese dinero debe entrar o salir de alguna de las cuentas de las empresas y esos movimientos irregulares son los que deberían prender las alarmas.

“Su labor no se puede concentrar en mirar que el balance o el P&G cuadren, también tiene que ver si aparecen sobrecostos extraños o modificaciones de las cuentas. Es un trabajo para el que no solo se requiere experiencia, sino también malicia”, dice un abogado.

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