En una caja fuerte improvisada, Jaime Osorio guarda oro, pero paradójicamente, él y su familia aguantan hambre. Si vendiera los seis castellanos (27 gramos) que encontró, tras una semana de trabajo, podría vivir un mes sin preocuparse.
Sin embargo, por más que quiera, así los dé a mitad de precio, pocos se arriesgarían a comprarle a él o a cualquier minero informal porque podría ir a la cárcel. En circunstancias normales, un comerciante de oro le daría por esos castellanos 1'215.000 pesos. Eso era antes de que el Gobierno endureciera las normas.
Jaime y otros 22.000 mineros informales de Remedios y Segovia, en el nordeste de Antioquia, están varados sin poder vender el metal que les ha dado de comer toda su vida.
La razón radica en que el pasado 27 de junio empezó a regir en el país el Decreto 1102, que exige a los pequeños productores acreditar la procedencia lícita del mineral. “Nos exigen identificación y certificación de la mina de la que proviene el oro. Nosotros no tenemos títulos, pero somos familias ancestrales”, comenta.
Jaime vive en Remedios, un municipio de 30.000 habitantes, donde el 80 por ciento de la población depende del oro. Trabaja en los límites con Segovia, un pueblo más grande, que dobla la cifra de habitantes.
En ambos municipios hay barequeros, ‘dragueros’, ‘chatarreros’ y mineros de veta. El que no busca el metal lo vende, sino les hace de comer a los mineros o trabaja en un almacén, tienda o cantina, sitios que se sostienen gracias a los productores de oro. Este es el principal renglón económico de la región.
Según la Mesa Minera del nordeste, en ambos municipios funcionan más de 100 pequeñas minas en las que trabajan unas 20.000 personas, cifra que disminuyó con el tiempo. Hace una década existían 250, donde laboraban más de 30.000 mineros.
En Segovia hace presencia la multinacional canadiense Gran Colombia Gold, que llegó a una producción de 1,1 millones de onzas de oro en la zona en el último año.
Los dos municipios producen el 11 por ciento del oro que se extrae en Colombia, según cifras de la Agencia Nacional de Minería. Sin embargo, más de un mes, los pequeños mineros frenaron sus actividades para exigir que los formalicen o los dejen trabajar.
No poder comercializar el oro es una de las razones por la que se desató el paro minero que completa casi 23 días en Segovia y Remedios y deja hasta el momento una persona muerta, más de 20 heridos, 300 locales comerciales cerrados, desabastecimiento de alimentos y de combustible, así como 12.000 estudiantes desescolarizados.
La protesta de los productores también afecta a Gran Colombia Gold. La compañía denunció que por la crisis del sector, la cifra de producción diaria bajó de 1.500 a 200, por causa de la deserción de casi 1.000 empleados amenazados de muerte por grupos armados.
Tomado de: El Tiempo
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