La Justicia estadounidense sopesa su verdadero poder frente a Trump

Tres jueces del tribunal más progresista del país sopesan en estos momentos algo mucho más trascendental que si debe restaurarse el veto a los inmigrantes procedentes de siete países musulmanes. En la palestra están los límites del poder presidencial para proteger las fronteras de Estados Unidos. Si los jueces descubren que legalmente tienen las manos atadas para revisar su orden ejecutiva le estarán dando luz verde para nuevos abusos en los cuatro años de gobierno que tiene por delante.

Con tres semanas en el poder, Donald Trump es como un niño de dos años que pone a prueba hasta dónde le dejan llegar sus padres. Tres jueces del Noveno Tribunal de Apelaciones con base en San Francisco tienen esa decisión en sus manos y, por sus preguntas en la vista oral del martes, no tienen clara sus autoridad. «¿Está usted diciendo que las decisiones del presidente en este tema no se pueden revisar?», preguntó la jueza Michelle Friedland, nombrada por Obama. El fiscal especial del Gobierno, que había sido asignado al caso en el último momento, dudó por un momento. «Sí, señoría».

Y lo peor es que muchos juristas de izquierda y derecha coinciden con August Flentje. Para bien o para mal, Trump ha sido elegido en las urnas como ocupante del cargo más poderoso del país, ese en el que dispone de información privilegiada de las agencias de inteligencia y de todos los cuerpos del Gobierno para tomar decisiones de seguridad nacional. Su fiscal no pudo argumentar ninguna nueva amenaza que justifique su decisión de vetar la entrada a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, pero el hecho de haber elegido a aquellos que ya había señalado el Congreso y la administración de Obama dan cuerpo a lo que de otro modo resultaría demasiado arbitrario.

A Trump le pierde Trump. Sus declaraciones públicas durante la campaña y en el inacabable torrente de Twitter forman parte de las pruebas que han aportado los Estados de Washington y Minnesota para demostrar que su intención no es proteger a EE UU de los ciudadanos de esos siete países sino discriminarlos por su religión. Su propio consejero Rudy Giuliani declaró a la cadena Fox que el presidente le encomendó encontrar una forma legal para hacerlo. Y es la intención detrás de la letra de la ley la que deben dilucidar los jueces para proteger los derechos constitucionales.