Situación de los derechos humanos en Colombia

Desde principios del siglo XXI, los diferentes gobiernos colombianos han establecido conversaciones de paz con varios grupos armados al margen de la ley con el objetivo de lograr su desarticulación y la entrega de las armas. A pesar de las anteriores iniciativas, el conflicto armado ha proseguido debido a la consolidación de las bandas criminales o bacrim, la expansión militar del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc en territorios que mantienen economías relacionadas con el cultivo y producción de estupefacientes, así como en lugares donde se lleva a cabo la explotación de recursos naturales, principalmente de metales preciosos.

La violación de los derechos humanos

La violación sistemática de los derechos humanos se ha presentado en casi todas las zonas del país. El conflicto armado y la delincuencia común han vulnerado los derechos de buena parte de la población, por medio de diferentes acciones delictivas como el secuestro, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado. 

Secuestro: En la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), titulada Una sociedad secuestrada, entre los años 1970 y 2010, 39.058 personas fueron secuestradas. Además, esta práctica delictiva ha servido como un método para obtener recursos económicos o como técnica para intimidar a las comunidades en zonas donde se quiere ejercer control para defender una posición estratégica. 

El desplazamiento forzado: Ha sido otra de las consecuencias de la violencia en el país. Muchas personas han tenido que abandonar sus hogares y desplazarse principalmente de zonas rurales hacia las grandes ciudades colombianas. El control territorial de los diversos grupos armados, el desarrollo de métodos sistemáticos de terror en contra de la población civil y la ocupación de las tierras de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes ocasionaron el incremento del desplazamiento forzado de millones de personas. Según la Unidad de Víctimas, hasta el 1.° de agosto de 2018, 7.422.645 personas fueron reconocidas como víctimas de este hecho delictivo. 

La desaparición forzada: Es otro de los grandes flagelos del país, ocasionadas bajo el contexto del conflicto armado interno, y que es un delito cometido tanto a nivel rural como urbano. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal, la cifra de desaparecidos en el país entre los años 1938 y 2016 asciende a 120.104, lo que mantiene una cifra superior a los 1.000 desaparecidos por año, además se llegó al récord de 7.702 personas registradas en un solo año.

Actualmente la violacion a los derechos humanos se a normalizado en el pais, pues se ha vuelto recurrente la violacion de los mismos, y parce ser que la situacion seguira igual si no interviene la ONU o el propio gobierno.

La Onu emitió recomendaciones en el informe entre las que se encuentran:

• Exhorta al Estado a seguir avanzando en la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz, de forma sostenida e integral, especialmente con respecto a las disposiciones relativas al enfoque étnico y de género y a la participación de las víctimas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
• Insta al Estado a incrementar los esfuerzos para establecer una mayor presencia de autoridades civiles del Estado en áreas rurales
•  Alienta a la Fiscalía General de la Nación a ampliar sus investigaciones sobre las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, especialmente en relación con la identificación y sanción de los autores intelectuales de estas agresiones.
• Recomienda incrementar el uso de las medidas colectivas de protección, destinando a la Unidad Nacional de Protección los recursos financieros suficientes y estableciendo criterios de corresponsabilidad entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales, con el fin de atender las causas estructurales generadoras de violencia
• Insta al Estado a restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social
• Urge al Estado a iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD durante las recientes protestas sociales. Asimismo, el ACNUDH insta a que se inicie 24 una profunda transformación del ESMAD, incluyendo una revisión de sus protocolos sobre el uso de la fuerza y de las armas y municiones menos letales para que cumplan con las normas y estándares internacionales
• Urge al Estado a reducir la impunidad y atender los desafíos relacionados con el acceso a la justicia, garantizando que todas las violaciones a los derechos humanos sean debidamente investigadas y sus presuntos perpetradores sean procesados
• Insta a las autoridades pertinentes a garantizar el respeto de las normas y estándares internacionales en la investigación de violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal en donde presuntamente están involucrados miembros del ejército y/o la policía, y asegurar que la justicia ordinaria mantenga su competencia sobre estas investigaciones
• Alienta a la Fiscalía General de la Nación a aplicar consistente e integralmente los Protocolos de Minnesota y de Estambul en las investigaciones de violaciones que involucran presuntamente al ejército y/o a la policía
• Urge al Ministerio del Interior a continuar la ruta concertada con los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas en relación con las propuestas de reglamentación de la consulta previa, libre e informada
•  Insta a las nuevas autoridades regionales a priorizar, en sus planes de desarrollo, programas y proyectos que garanticen el goce efectivo de los derechos humanos

Las recomendaciones dadas por la ONU deben ser tomadas por el gobierno para la lucha en pro de los derechos humanos para los grupos sociales mas violentados y marginalizados como son: los lideres sociales, los indigenas y los campesinos.

Para saber mas entre a: https://news.un.org/es/story/2020/02/1470201