BASES LEGALES DE LAS TIC EN VENEZUELA
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BASES LEGALES DE LAS TIC EN VENEZUELA

El objetivo primordial de las bases legales de las TIC es acoger un marco normativo que garantice todo lo relacionado con las innovaciones tecnológicas en los aspectos; social, económico, educativo entre otros. Con el avasallante avance de las TIC el Estado Venezolano ha venido profundizando en la promoción de políticas públicas y en el establecimiento de una base legal para motivar y fortalecer la infraestructura de las mismas, facilitar su acceso y uso en todos los niveles de la población, a través de los gobierno regionales y municipales, que a su vez invierten recursos en la capacitación del talento humano necesario para multiplicar eticamente el proceso de alfabetización tecnológica. Vale destacar que el proceso regulatorio va a la retaguardia del vertiginoso desarrolo tecnológico, debido a que el primero es efecto de los cambios acelerados y de los inimaginados alcances que ocurren a diario en el área tecnológica. El ordenamiento jurídico del país, no estaba en condiciones

10 nov 2015


En primer lugar para especificar el punto de partida en el aspecto legal de las TIC, podemos citar los artículos 108 y 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde se establece que el estado garantizará los servicios de radio, televisión, redes de biblioteca y de informática reconociendo así el acceso universal de la información en todos los sectores como factor clave para el desarrollo económico del país.

Por otro lado  la Ley Orgánica de Educación ampara las TIC, agregando en el artículo 9 "La incorporación y aplicación de las nuevas tecnologías en todas las etapas del sistema educativo".Del mismo modo existe la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que orienta, organiza y establece los proyectos que se llevarán a cabo en materia de tecnología, fomentando la correcta implementación de los mecanismos establecidos en la ley.

Adicionalmente existen  tres decretos muy importantes que avalan las Tecnologías: El 825, que declara el acceso y el uso de internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico y social del país, así como también en uno de sus artículos señala que el antiguo Ministerio de Educación Cultura y Deportes dictará las directrices para instruir sobre el uso de internet, es decir, no sólo lo incorpora sino lo regula para su correcto funcionamiento; el decreto 3.390, impulsa el software libre en todas las instituciones de administración pública, desarrollado con estándares abiertos, para no limitar a las personas al uso de una licencia privada, principalmente a las instituciones educativas; y el decreto 1.290 que viene a formar parte en el año 2.008 del Ministerio de Ciencia y Tecnología el cual define las estrategias y lineamientos que orientan todas las políticas en materia Tecnológica.

De igual manera la LOPNA en uno de sus artículos establece la inclusión a los niños y los adolescentes en todos los aspectos de investigación Tecnológica: y por último la Ley de Telecomunicaciones que está encargada de promover el desarrollo de los proyectos que se relacionen con la transferencia tecnológica y uso de los equipos.
 
Es importante destacar, que el trabajo no se termina con la aplicación de una normativa, es de vital importancia mantener permanente vigilado el comportamiento tecnológico y el ciudadano, toda vez que frecuentemente, cada norma encuentra su contraparte en personas que de manera antiética, buscan artificios para violar de manera consciente la norma establecida.

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