“Los derechos digitales no son nada más que los derechos humanos, individuales y colectivos, pero aplicados a internet”, señala Diego Naranjo, experto del European Digital Rights (EDRi), una red formada por 39 organizaciones que ha colaborado en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entrará en vigor en mayo de este año.
A pesar de la relevancia de estos derechos, hasta hace relativamente poco tiempo apenas se les conocía, ni el riesgo que puede conllevar el no ejercerlos. Escándalos como la fuga de millones de datos personales de Facebook o programas ilegales de espionaje realizados por compañías privadas están consiguiendo que nos concienciemos y adoptemos medidas para defender algo que es nuestro por derecho propio. A pequeña escala, las aplicaciones del móvil, que solicitan acceso a nuestros contactos, fotos y otra información personal que no necesita para su funcionamiento, están a la orden del día.
La libertad de información y comunicación, la privacidad, la propiedad intelectual y el derecho al olvido son los derechos que más inquietan a los usuarios de la red, según quedó patente en el Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales de los Ciudadanos, organizado por la MINETAD.
El último estudio de la Unión Europea sobre privacidad digital desvela que los usuarios están preocupados por el abuso de sus datos por parte de las grandes compañías, así como la falta de confidencialidad de la que son víctimas frecuentemente. El 90% de los mismos considera fundamental salvaguardar la información personal de sus dispositivos y seis de cada diez ha ampliado la privacidad de su navegador de internet.
“El ciudadano no debería tener que convertirse prácticamente en un hacker o bucear en las opciones de sus dispositivos para estar a salvo. De la misma manera que no necesitamos ser ingenieros para montarnos en un ascensor y estar a salvo, los ciudadanos deberían estar protegidos por defecto y por diseño” sugiere Naranjo.
El gobierno de EE.UU. acaba de votar contra la neutralidad de la red, terminando de esta manera con el acceso universal a internet. Esta decisión permitirá a las corporaciones telemáticas decidir los límites de la red, bloquear las webs que consideren o reducir la velocidad de conexión si no se abona una mayor cantidad de dinero.
Aunque en Europa la neutralidad de internet fue garantizada por el Parlamento Europeo en el año 2015, existe un vacío legal denominado “Tasa Cero”. Una práctica comercial por la que ciertas aplicaciones no contabilizan en la tarifa mensual telefónica a cambio de aportar información del usuario a la compañía, recortando el derecho a la privacidad.
“Es impensable que alguien quisiese limitar nuestra libertad de expresión a cambio de usar una plataforma online o un teléfono móvil. Pero con la protección de datos o la privacidad (dos derechos fundamentales en la UE), esto se plantea una y otra vez sin ningún tipo de problemas”, advierte Naranjo.
Los cambios tecnológicos requieren legislaciones que los contemplen. Las posibilidades de la red y de las plataformas sociales ha creado una brecha entre los usuarios y las compañías, que luchan por comercializar el oro negro del siglo XXI, los datos personales. Sólo cabe esperar para ver de qué lado se pondrán los organismos gubernamentales. Mientras tanto, conozcamos nuestros derechos. Es la única forma de defenderlos.
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