Ley De Protección Al Empleo

El 1 de abril, Sebastián Piñera promulgó la Ley N°21.227, que permite a los y las trabajadoras utilizar su seguro de cesantía  en algunas situaciones , esta es la llamada “Ley de Protección al Empleo”, la cual le da libertad a las empresas de suspender los contratos de trabajo o pactar la reducción temporal de la jornada laboral, todo en el contexto de la pandemia COVID-19, recibiendo los trabajadores las prestaciones propias de sus seguros de cesantía, para así evitar despidos masivos por parte de las empresas, por si llegasen a cruzar alguna dificultad económica , esta ley a traído mucho rechazo en la clase trabajadora ya que las empresas la han utilizado de una forma abusiva mientras retiran utilidades, mantienen a sus trabajadores y trabajadoras con los contratos suspendidos, recibiendo un ingreso inferior a su remuneración, debido a que, por causa de la suspensión, estos trabajadores recibirán un monto equivalente al 70% de su sueldo en el primer mes, un 55% en el segundo, un 45% en el tercero y un 40% a contar del cuarto mes, todo con cargo a su seguro de cesantía.
Esta ley también permite reducir la jornada de trabajo, esto a través de un acuerdo entre la empresa y el trabajador o trabajadora con una serie de requisitos. Estos pactos también tienen consecuencias económicas para los trabajadores y trabajadoras, ya que recibirán del empleador una remuneración proporcional a la jornada realizada y un complemento a cargo de su seguro de cesantía.

El rechazo por parte de los y las trabajadoras continúa debido a que algunas grandes empresas reparten  millonarias utilidades mientras mantienen a sus trabajadores con sus contratos suspendidos o sus jornadas laborales reducidas
Así nos comentó en una entrevista un trabajador de París. París desde un un principio también se había acogido a la ley de protección al empleo, por lo que los y las trabajadoras procedieron a mostrar su rechazo y a presionar a la empresa para que así la casa comercial procediera a retractarse en su decisión, esta presión por parte de la clase trabajadora surtió efectos ya que la empresa se retractó y decidió no acojerce a esta ley promulgada por Sebastián Piñera y desde finales de abril continuaron pagando el sueldo a sus trabajadores y trabajadoras, no sucedió lo mismo con Corona y Ripley las cuales continuaron amparadas a la ley.