Fundación del Estado (1830-1859)

Juan José Flores, general nacido en Venezuela, que había desempeñado la función de jefe del Distrito del Sur, fue designado presidente del nuevo Estado por la Asamblea Constituyente de Riobamba. Una vez en el poder, Flores se dedicó a consolidar una alianza de gobierno entre el tradicional gamonalismo latifundista de la Sierra, al que se había vinculado por matrimonio, los terretenientes de Guayaquil y los altos mandos del ejército, integrados en su gran mayoría por extranjeros.

El floreanismo, como se llamó popularmente a su clientela caudillista, recogió la tradición conservadora del bolivarianismo. Directa e indirectamente controló Flores el gobierno desde 1830 a 1845. En 1832 incorporó oficialmente las islas Galápagos al Ecuador. Su mandato se caracterizó por la revuelta permanente, el desbarajuste administrativo, dos guerras con Nueva Granada (como entonces se llamaba la actual Colombia) y el abuso de los soldados, dueños del país. Ni el esfuerzo organizador y sistematizador de Vicente Rocafuerte, que llegó a la Presidencia de la República (1835-1839) mediante un pacto con su enemigo Flores, pudo superar estas realidades. Cuando el caudillo se hizo elegir presidente por una segunda y hasta tercera vez, y puso en vigencia la Carta de Esclavitud (1843), una constitución que establecía la dictadura perpetua, la reacción nacional acaudillada por la oligarquía guayaquileña lo echó del poder (1845). Flores pasó los años siguientes organizando invasiones al Ecuador con mercenarios extranjeros al servicio de España y el Perú. En los primeros años de la etapa “marcista” (llamada así porque la revuelta antifloreana fue en marzo de 1845), gobernaron los civiles guayaquileños: Vicente Ramón Roca (1845-1849) y Diego Noboa (1849-1850). Una de sus principales tareas fue enfrentar el peligro de las invasiones de Flores. A inicios de los cincuenta, un nuevo conflicto de poder no resuelto dio espacio para un nuevo arbitraje militar.

El “hombre fuerte” del ejército, general José María Urvina, fue proclamado dictador. Luego fue elegido presidente constitucional por una nueva Asamblea Nacional (1852-1856). Urvina consolidó la alianza entre la oligarquía latifundista y comercial costeña con las Fuerzas Armadas, y llevó adelante un programa de corte liberal que promovió la apertura económica y el comercio e incluyó la abolición de la esclavitud, la supresión del tributo indígena y medidas a favor de los campesinos serranos. Todo esto generó una feroz reacción del latifundismo tradicional que declaró la guerra al urvinismo. Una desastrosa negociación de la deuda externa y el intento de arrendar Galápagos a extranjeros fueron motivos para que la oposición contra el general Francisco Robles, heredero de Urvina, adquiriera fuerza. Diversas revueltas seccionales provocaron en 1859 una crisis de disolución.

En Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja se formaron gobiernos autónomos. El Perú ocupó varios territorios y bloqueó el Puerto Principal. Los países vecinos negociaban la partición del país. Llegó un momento en que todo el sistema pudo venirse abajo con el peso de las contradicciones entre las oligarquías regionales. Luego del fracaso de varias alternativas, en las que se planteó convertir al país en un “Protectorado” de Francia, la aristocracia quiteña, con Gabriel García Moreno a la cabeza, ayudado por Flores, logró triunfar en la Sierra, tomar luego Guayaquil y reconstituir el Estado ecuatoriano.