"Es oficial, Boris Johnson viola el derecho internacional", tituló el diario francés Libération. Y no, no parece ser una hipérbole.
La semana pasada el gobierno británico presentó un proyecto de ley que les permitiría a sus ministros desconocer elementos del acuerdo de salida de la Unión Europea negociado por el mismo Johnson a raíz del Brexit.
Y, en el parlamento, el para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, reconoció públicamente que la medida representaba una violación de las obligaciones internacionales de Reino Unido.
"Sí, esto viola el derecho internacional", dijo Lewis del polémico Proyecto de Ley sobre Mercados Internos.
Pero el ministro también insistió en que solo lo hacía "en una forma muy limitada y específica".
Mucho más contundente, sin embargo, fue la opinión de los tres principales asesores legales del gobierno británico, según un documento confidencial obtenido por el diario The Guardian.
El procurador general, el fiscal general y el procurador general para Escocia coinciden en que las disposiciones contempladas en el proyecto de ley "constituirían una clara violación del acuerdo de salida y de la obligación de derecho internacional de Reino Unido de actuar de buena fe en lo que respecta a obligaciones derivadas de tratados".
La posición oficial legal del gobierno británico, sin embargo, es que "el parlamento es soberano en lo que respecta a las leyes internas y puede aprobar legislación que contravenga las obligaciones derivadas de tratados".
Aunque según un dictamen legal de la Unión Europea, sin embargo, la violación no depende siquiera de la aprobación de la propuesta de ley por el parlamento -que de hecho no está garantizada- sino que se habría hecho efectiva con la mera presentación de la misma.
Y tanto en Bruselas como en Londres se han lazado numerosas voces advirtiendo que la movida tendrá consecuencias.
Para empezar, Bruselas ya le dio a Londres un ultimátum: o retira el proyecto antes de fin de mes o se arriesga a poner en peligro las negociaciones para un acuerdo comercial.
En un duron comunicado la UE también dijo que la situación "había dañado seriamente la confianza" entre las partes y que no dudaría en tomar acciones legales contra Reino Unido.
Las críticas a la movida del gobierno de Johnson, sin embargo, no vienen solamente de Bruselas y otras capitales europeas, sino también de su propio partido.
"¿No entienden acaso mis respetables colegas el daño que se está haciendo a nuestra reputación de probidad y respeto al imperio de la ley?", dijo el exlíder Conservador Michael Howard durante un debate en la Casa de los Lores.
"¿Cómo puede el gobierno convencer a futuros socios internacionales que se puede confiar en que Reino Unido respetará las obligaciones legales de cualquier tratado?", dijo la ex primera ministra Theresa May en otro debate en la Cámara de los Comunes.
Y otro ex primer ministro conservados, John Major, unió fuerzas con su sucesor el laborista Tony Blair para denunciar las acciones del gobierno de Johnson como "irresponsables, erradas en principio y peligrosas en la práctica".
Otros aspectos del proyecto de ley también han sido criticados por los gobiernos de Escocia y Gales, por considerar que les arrebata competencias.
Y hasta la líder de la Casa de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, entró en la discusión, advirtiendo que la medida podría perjudicar un posible acuerdo comercial con Reino Unido.
El gobierno de Johnson, sin embargo, ha dicho que no retirará el proyecto de ley, que insiste es necesario como precaución en caso de no llegar a un acuerdo comercial con la UE.
Las autoridades británicas también afirman que las disposiciones de la propuesta que han causado el problema son necesarias para proteger el acuerdo de paz de Irlanda del Norte, aunque la UE afirma que hace precisamente lo contrario.
Para evitar una "frontera dura" entre la República de Irlanda (parte de la UE) e Irlanda del Norte (parte de Reino Unido) como resultado del Brexit, el acuerdo de salida obliga a controlar el flujo de productos desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte.
Esta medida, sin embargo, siempre fue criticada por el ala más dura de los partidarios del Brexit.
Y la nueva ley les daría a los ministros británicos el derecho a saltarse esas reglas, así como los compromisos adquiridos en materia de ayudas estatales, en caso no de llagarse a un acuerdo con la UE.
Al presentar la propuesta ante el parlamento, Johnson insistió en que las medidas eran necesarias "para mantener la integridad del mercado interno británico".
Y en una reunión (vía Zoom) con sus parlamentarios, en la que el líder conservador les pidió no volver a caer en disputas internas, también les pidió proteger a Reino Unido del "desastre" de que la UE pueda "dividir nuestro país" y "poner en peligro la paz y la estabilidad en Irlanda del Norte", apoyando la propuesta.
De hecho, muchos creen que con la misma el primer ministro está tratando de complacer a los partidarios del Brexit más radicales.
Algunos de sus críticos, sin embargo, creen que la polémica es parte de un intento por desviar la atención de su manejo de la epidemia de coronavirus.
Otros, como un intento por tratar de obligar a la UE a suspender las negociaciones para un acuerdo post Brexit.
Las conversaciones están estancadas y parece poco probable que se llegue a un acuerdo antes del 15 octubre, el plazo fatal fijado por el propio Johnson, con ambas partes acusándose mutuamente de intransigencia.
Y en Bruselas creen que el premier británico está tratando de culpabilizarlos por el probable fracaso.
"No vamos a darles esa satisfacción. Rechazamos ser manipulados", le dijo sin embargo un funcionario diplomático de alto nivel de la UE a la editora de asuntos europeos de la BBC Katya Adler.
"¿Pueden sobrevivir las negociaciones? De hecho, siguen adelante renqueantes", afirma Adler
"A pesar de las amargas disputas y una enorme lista de temas pendientes; a pesar de que el tiempo y la confianza se agotan en ambos lados; ni la UE ni Reino Unido parecen querer ser los primeros en salir por la puerta", explica.
Y, efectivamente, una nueva ronda de conversaciones se inicia este lunes en Bruselas, aunque la periodista de la BBC no es particularmente optimista sobre la posibilidad de un acuerdo.
"Ahora mismo se siente como una posibilidad bastante lejana. Lo que se oye a ambos lados del Canal es que un 'no hay acuerdo' es cada día más probable", concluye.
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