El ejecutivo comunitario celebró este pasado miércoles su tradicional seminario al comienzo del curso político con el objetivo de coger impulso ante unos meses más inciertos que nunca. Será el día 16 de septiembre cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desgrane sus prioridades en el conocido como Discurso para el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo. Una alocución que estará marcada por la pandemia del coronavirus tanto desde el punto de vista de los retos sanitarios como económicos, pero que tampoco olvidará las principales prioridades de su mandato: la doble transición energética y digital.
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Para Camino Mortera, analista del think tank Centre for European Reform, también es esperable que la política exterior aparezca como «hilo conductor de manera directa o indirecta» con menciones expresas a las relaciones con China, las elecciones en EEUU en el mes de noviembre y la situación con Bielorrusia. Precisamente, el presidente del Consejo, Charles Michel ha convocado una cumbre extraordinaria de los líderes europeos para los días 24 y 25 de septiembre en aras de afrontar tanto la situación en Minks como las tensiones con Turquía en el Mediterráneo Oriental.
Estos próximos meses serán la oportunidad de oro para comprobar si el club comunitario está dispuesto a «hablar el lenguaje del poder», la expresión utilizada una y otra vez por el máximo representante de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.
Dentro de los retos más inmediatos, la maquinaria bruselense se encuentra inmersa en los preparativos para movilizar los 750.000 millones de euros con los que hacer frente a los estragos económicos ocasionados por el coronavirus. El objetivo de la presidencia alemana, que este semestre ostenta el timón de la UE, reside en llegar a un acuerdo sobre la espina dorsal del pacto a finales de septiembre con el objetivo de que los estados que lo requieran puedan ratificar el acuerdo en sus respectivos parlamentos.
Se espera que el dinero pueda comenzar a fluir a principios de enero después de que los países detallen sus planes de reformas y proyectos de inversión antes del 15 de octubre. La tarea parece ingente, sobre todo después de que el Parlamento haya pedido cambios en los recortes de ciertas partidas o la creación de nuevos impuestos europeos.
Para Mortera, Von der Leyen se enfrenta a una ardua tarea durante los próximos meses ya que si bien «comienza el curso apuntándose algún tanto» tras la luz verde al fondo de recuperación económica en la agónica cumbre de julio «su bajo perfil durante la primera fase de la pandemia cuándo imperó el sálvese quién pueda entre los Estados miembros hace que su gestión se presente como muy difícil».
La misma idea comparte el analista del Centre European Studies Fabian Zuuleg, para quien el ejecutivo comunitario debe «demostrar que la UE puede convertirse en un actor clave a la hora de afrontar estos desafíos, con un impacto real en la vida de la gente».
Nadie duda de que ahora la Comisión Europea debe poner toda la carne en el asador para que no vuelva a producirse un nuevo repliegue del Estado-nación y recuperar el liderazgo perdido durante los peores momentos del avance del virus.
Entre los retos a más corto plazo se encuentran la puesta en marcha de criterios comunes sobre las restricciones de viaje debido a los rebrotes del coronavirus para evitar un nuevo escenario caótico de cierre indiscriminado de fronteras y el suministro a todos los europeos de la vacuna contra la covid-19.
Bruselas cree que la primera vacuna de la empresa británica Astrazeneca puede llegar a los Estados europeos en el mes de noviembre y ya ha firmado un contrato que le garantiza el acceso a 300 millones de dosis. A pesar de esto, aún es pronto para levantar las campanas al vuelo y Bruselas –en nombre de todos los Estados miembros– está negociando con otros cinco laboratorios con el objetivo de que los países europeos no se pongan zancadillas en el acceso a la vacuna.
Pero la gestión de todo lo relacionado con el coronavirus no puede hacer olvidar que, en estos meses, Bruselas se verá obligada a desempolvar viejas iniciativas y hacer frente a tareas pendientes como la reforma del sistema de asilo europeo o la aprobación del paquete legislativo sobre cambio climático con el objetivo de que en el año 2050 las emisiones de gases con efecto invernadero sean cero. Para ello, los Estados europeos deben comprometerse a fijar un objetivo de reducción de cara al 2030 y la Comisión Europea debe encauzar el debate al proponer una cifra entre el 50% o 55% respecto a los niveles de 1990.
Además, gana enteros la posibilidad de un Brexit caótico el próximo 31 de diciembre. Esta próxima semana comienza un nueva ronda negociadora que será vital para comprobar si se puede alcanzar un acuerdo. Según los cálculos de los Veintisiete será necesario llegar a un pacto en el mes de octubre –refrendado por los Veintisiete la cumbre prevista para los días 15 y 16– para que se pueda completar el proceso de ratificación sin saltos en el vacío.
La Comisión Europea está preparando contrarreloj posibles planes de contingencia ante el peligro de un Brexit económico a las bravas, pero se espera que los documentos no se hagan públicos hasta finales de septiembre y todo dependerá de lo que suceda esta próxima semana.
