El PP y Cs convierten a la UE en un escenario de su lucha con el Gobierno

“Esto no es la Carrera de San Jerónimo. Esto no es el Parlamento español”, replicó el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, en un pleno del Parlamento Europeo en octubre, a los diputados del PP, Ciudadanos y Vox que le recriminaban el envío de una misión diplomática a Venezuela. Aquel fue un debate muy hispano-español por los intervinientes y por el calco milimétrico de la división en las Cortes.

Se trata de uno de los muchos episodios en que se visualiza el traspaso a las instituciones europeas de debates muy de política interna. Es algo que ha pasado siempre, pero con intensidad inusitada en las últimas semanas. Algo que ocurre con muchos países, pero con más impacto en España, que sigue mirando con ilusión y casi con reverencia a la UE, con el convencimiento de que lo que viene de allí es un arbitraje fiable. PP y Ciudadanos utilizan Bruselas a fondo y defienden la legitimidad de hacerlo, mientras que el PSOE critica lo que califican de deslealtad y uso partidista de la UE.

En el manual de cómo trasladar a Bruselas los enfrentamientos internos se recogen varios tipos de munición. La de pequeño calibre son las preguntas parlamentarias a la Comisión Europa, práctica muy extendida con la que se aspira a un minuto de atención. El manual de instrucciones incluye un instrumento con más alcance. Es la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que preside la popular Dolors Montserrat, donde en las últimas semanas se han tratado la inmersión lingüística, los crímenes no resueltos de ETA y el caso Delcy. España es adicta a esta comisión: es el segundo país que más la utilizó con 164 peticiones en el 2019, y el primero en el 2018, con 206. Desde que Montserrat la preside, han tratado 50 peticiones españolas de un total de 228.

Cara y cruz

La Comisión criticó la reforma judicial y avaló el instrumento contra la desinformación

Sin embargo, cuando la política interna alcanza auténtico protagonismo en la UE es cuando se consigue lanzar la gran Berta, el equivalente político al obús de asedio de 420 mm que las industrias Krupp desarrollaron para Alemania en la Primera Guerra Mundial. En las últimas semanas, la oposición española ha disparado dos obuses de este tamaño con resultado dispar.

El primero fue la reforma exprés del Poder Judicial, que PP y Cs denunciaron como atentado al Estado de derecho, comparando la situación con Polonia. Pablo Casado se movilizó con entrevista incluida con Ursula von der Leyen. El 15 de octubre la Comisión Europea se pronunció. Unas palabras cuidadosamente preparadas de un portavoz en que advertía que había que “asegurar que el CGPJ no se perciba como vulnerable a la politización”. Toque de atención al Gobierno español, que acusó el golpe y tocó retirada. La iniciativa se congeló.

El segundo caso fue la creación del instrumento para combatir la desinformación, que fue tachado por PP y Cs de “ministerio de la verdad”, y otra vez se posicionó la Comisión Europea. Fue otro portavoz quien el 9 de noviembre leyó un texto muy preparado. No veía ningún riesgo a la libertad de prensa. Esta vez, Bruselas daba carta blanca.

Frente a las críticas del psoe

Populares y naranjas defienden la legitimidad de trasladar temas españoles a Europa

Montserrat, del PP, justifica este traslado a Bruselas de cuestiones internos. “¿Podemos discutir de Bielorrusia y no de Venezuela”, se pregunta, y añade que “cuando Sánchez intenta romper la independencia judicial, esto forma parte del Estado de derecho en Europa”. También Luis Garicano, de Ciudadanos, avala este uso: “En los casos más recientes, hay una situación de torpeza, arrogancia o mero doble lenguaje gubernamental que facilita que los normales intercambios dialécticos entre Gobierno y opo­sición pasen por Bruselas. Condenar, por ejemplo, la deriva iliberal de algunos países del Este, e incurrir en prácticas similares como anunciar una renovación partidista del CGPJ, por fuerza mete a Bruselas en el debate”. En cambio, los ­socialistas acusan de deslealtad al PP. “Sus eurodiputados continúan sembrando dudas ante el pleno de la Eurocámara sobre el funcionamiento del Estado de derecho en España, llegando a pedir con una ligereza completamente irresponsable que se contemple sancionar a España sin recibir las ayudas”, dice Iratxe García, que también acusa a Montserrat de uso partidista de la presidencia de la comisión de Peticiones para dañar al Gobierno español. La popular lo niega asegurando que no se tratan más temas españoles ahora que en épocas anteriores.

Mirando muy al pasado, un episodio de gran tensión fue la resolución del Parlamento Europeo del 2006 en la que se respaldaba el proceso de paz en España, con el gobierno Zapatero abriendo negociaciones con ETA. En aquel Parlamento presidido por Borrell y con Jaime Mayor Oreja de líder de los populares españoles, todos se movilizaron, incluido el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El exeurodiputado de CDC Ignasi Guardans recuerda aquellos días: “Creo que salió gracias a mí porque incliné el voto en el grupo liberal. Algunos no estaban nada convencidos”. La resolución se aprobó, pero por solo diez votos y con gran bronca.