Situación del DIH en Colombia
La situación del DIH en Colombia es mala y llevamos mas de una década en esta tónica, ahora las victimas son al menos 8 jóvenes los cuales fueron ejecutados al suroeste del país.
El hecho fue denunciado por John Rojas, gobernador de Nariño, donde ocurrió la masacre, quien aseguró que “una incursión de hombres armados” dejó ocho jóvenes muertos mientras departían en una vivienda. Otra adolescente falleció en la madrugada de este domingo por disparos de un grupo de desconocidos. El presidente Iván Duque envió oficiales del Ejército y la Policía para investigar las causas. Segunda masacre en el suroccidente de Colombia en menos de una semana. Este domingo, el gobernador de Nariño, John Rojas, informó que el día anterior un grupo de hombres armados irrumpió en una vivienda del municipio de Samaniego, en la frontera con Ecuador, asesinó a ocho jóvenes y dejó a varias personas heridas.
El hecho fue perpetrado en la vereda de Santa Catalina, a donde según versiones extraoficiales al parecer los agresores llegaron con los rostros cubiertos y atacaron a los jóvenes que departían en una casa de campo. A esta masacre se sumó, horas más tarde, el asesinato de otra joven en el mismo municipio. Rojas hizo un llamado al Ejército colombiano, a la Policía, a la Presidencia y a la Fiscalía General para que tomen medidas que “devuelvan la tranquilidad en la región”, donde se han registrado “en dos meses más de 20 homicidios”, afirmó.
El presidente colombiano, Iván Duque, condenó estos hechos y aseguró que desde la madrugada el Ejército y la Policía están en el lugar investigando lo ocurrido. “Ordené a los generales Enrique Zapatero (comandante del Ejército) y Jorge Vargas (director de Seguridad Ciudadana de la Policía) que se desplacen a la zona. Vamos a llegar al fondo y dar con los autores de este crimen", afirmó Duque en sus redes sociales.
El asesinato de estos nueve jóvenes se produjo cuatro días después de que, en Cali, Valle del Cauca, también en el suroccidente del país, cinco menores de edad, todos entre 14 y 15 años, fueran asesinados. Los adolescentes fueron encontrados con signos de tortura y disparos, un crimen que causó conmoción en los colombianos que reclaman justicia.
Investigaciones en marcha
El Ejército informó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Judicial trasladaron los cadáveres desde el lugar de la masacre hasta la cabecera de Samaniego, para aclarar las circunstancias en que murieron. Asimismo, señaló que la fuerza pública “mantiene las operaciones militares en el sector para proteger a la comunidad y apoyar a los entes judiciales”. Aunque las investigaciones continúan, en este departamento operan distintos grupos armados. En los últimos meses, la Defensoría del Pueblo y Human Rights Watch (HRW) han alertado de la presencia de bandas ilegales en varios departamentos, entre ellos Nariño.
Según las denuncias, las organizaciones delictivas utilizan la violencia, incluidos asesinatos para hacer cumplir con estrictos confinamientos en medio de la pandemia, que abarcan restricciones incluso más fuertes que las determinadas por las autoridades locales y el Gobierno Nacional. La Defensoría y HRW han señalado tanto a grupos de extrema izquierda: Ejército de Liberación Nacional, ELN y a disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, que rechazaron el acuerdo de paz alcanzado en 2016 con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, como a organizaciones criminales de extrema derecha, como el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La situación del DIH en Colombia es preocupante los grupos armados al margen de la ley siguen haciendo de las suyas y el país no encuentra una luz de esperanza para poner fin al conflicto que nos ha atormentado por más de una década. Este es un buen ejemplo de atentados que vivimos en el país día a día, “al menos ocho jóvenes fueron asesinados en el suroeste del país” estos jóvenes no tienen nada que ver en el conflicto que se lleva a cabo pero se convierten en víctimas esta situación la vivimos años tras año con campesinos que son desplazados de sus tierras o peor aún son ejecutados. Estos hechos son inaceptables y se sigue vulnerando el DIH año tras año y los ciudadanos recibimos el peso del conflicto.
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