El Conflicto Armado y El Papel de la Sociedad Civil

En el marco de estas consideraciones y con el ánimo de contribuir tanto a la construcción de la sociedad civil como a la dilucidación de los papeles que ella tiene que jugar en los distintos escenarios en la búsqueda de la paz, se atendió a una convocatoria extendida por la Comisión de Conciliación Nacional en 1996. Esta iba dirigida a diversos sectores de la sociedad civil para que presentaran sus iniciativas y propuestas sobre cómo diseñar una política de Estado sobre la paz, de carácter permanente, que trascendiera las administraciones y que interpretara el anhelo de los colombianos. La Fundación Social elaboró un documento que fue debatido y enriquecido en el Grupo de Empresarios por la Paz2 cuya síntesis constituye un aporte a la discusión que, a nuestro juicio, debe adelantar la sociedad civil colombiana en torno a esta problemática.

Los puntos más relevantes que se propone como marco de acción son los siguientes:

Se parte del convencimiento de que es necesario llegar a una verdadera convivencia democrática como requisito para lograr una sociedad en paz. Entre tanto todos los colombianos no reconozcamos que estamos viviendo una guerra, la paz estará lejos. Es muy importante comprender la complejidad del tema, para que a partir de allí en los respectivos espacios de vidas laborales, familiares y personales, nuestras decisiones tengan un marco más amplio.

Debe pensarse en una perspectiva de largo plazo, en la cual se participe activamente en la construcción de un nuevo proyecto de sociedad en la que sea posible dirimir los conflictos sin destruirnos, respetar la diferencia, garantizar el ejercicio del pluralismo y hacer posible la vida digna para todos sin excepción.

La dirigencia económica como constructora de paz, debe asumir su responsabilidad en la construcción de ese proyecto de sociedad. Jugar un papel de primera importancia en la consolidación de valores que permitan superar las causas estructurales de la pobreza3:

 Con eficiencia, productividad y sustentabilidad, generar una nueva cultura empresarial;

 Promover con la palabra y con el ejemplo el respeto por la legalidad, por el Estado de Derecho y por la igualdad de oportunidades económicas y políticas para todos los colombianos.

Aportar soluciones efectivas a los futuros procesos de incorporación plena a la vida civil de quienes dejan las armas.

Es indispensable hacer posible el respaldo de la ley para garantizar los derechos y cumplir los deberes, fortalecer la justicia y su funcionamiento efectivo, suprimir la impunidad y penalizar en forma drástica la corrupción. Se requiere reorganizar la utilización del territorio nacional para lograr construir una patria que brinde albergue humano a todos sus hijos. Declarar la extinción de dominio sobre los latifundios adquiridos mediante enriquecimiento ilícito y adelantar la reforma agraria dentro de la frontera agrícola. Hallar, con apoyo internacional, alternativas para los cultivos ilícitos, que preserven los ecosistemas frágiles y protejan a los pequeños cultivadores.

Es necesario impulsar un desarrollo regional ampliamente concertado, para expandir el capital social de las regiones mediante un proceso en el cual los pobladores asuman el control sobre la construcción de lo público.

 Para hacer de la paz un propósito permanente es indispensable comprometer nuestra voluntad política en la construcción de un espacio público para tramitar conflictos y generar valores de convivencia. Potenciar la educación como eje del desarrollo humano, económico y cultural de la nación.

 Hay que ofrecer a los jóvenes de los barrios populares de las ciudades condiciones para su pleno desarrollo humano y productivo y oportunidades de incorporación, con iniciativa y poder, a la vida ciudadana.

Se tiene que garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las poblaciones desplazadas para que mediante el retorno voluntario o el reasentamiento inicien una vida con dignidad y en paz.