Rappi y el lío de propiedad intelectual que ahora enfrenta

Este año parece ser el de las malas noticias para Rappi. Además de estar en el ojo del huracán por las condiciones laborales de los rappitenderos y por la eventual vulneración de los derechos del consumidor, lo que está mirando la Superintendencia de Industria y Comercio, la plataforma deberá enfrentar ahora un proceso jurídico en su contra por la posible apropiación ilegal del modelo de negocio.

Tres empresarios colombianos, con trayectoria de más de 20 años en diferentes sectores, iniciaron un proceso en contra de los creadores de Rappi Simón Borrero Posada, Felipe Villamarín y Sebastián Mejía, por usurpar la idea del negocio que, según la demanda, pertenecía a los demandantes Mauricio Paba, José Mendoza y Jorge Uribe.

Según contó a Dinero Nathalie Lozano Blanco, abogada a cargo y vocera del caso, lo tres empresarios vieron una oportunidad de negocio en la creación de una plataforma que permitiera contactar a los usuarios con otras personas dispuestas hacer todo tipo de diligencias. De acuerdo con la abogada, como parte del desarrollo para el lanzamiento al mercado de su modelo de negocio, los empresarios contrataron los servicios de la empresa Imaginamos, de la que Simón Borrero era fundador y representante legal, con el objetivo de que los asesoraran en algunos temas técnicos del montaje de la aplicación.

Esto permitió a Borrero tener acceso a información confidencial y privilegiada sobre los aspectos de dicho negocio, lo que, al parecer, les permitió desarrollar la plataforma tal y como se conoce el día de hoy. “Los demandados tuvieron todo el acceso a la información del negocio, tomaron la idea y desarrollaron el modelo de negocio Rappi”, afirmó Lozano.

Lozano explicó que desde hace más de un año se ha venido trabajando con los tres empresarios y un grupo de abogados para adelantar la demanda. En este tiempo, además de la recopilación de pruebas, se ha llevado a cabo un análisis de las condiciones legales de los mercados en donde opera Rappi. “Actualmente se encuentra en trámite una demanda ante una Corte Federal de los Estados Unidos con jurisdicción en el Circuito judicial del Norte de California, que será estudiada por jueces especializados en asuntos de propiedad industrial, innovación y tecnología. La evidencia técnica existente y relevante para el caso será revelada y discutida únicamente en las instancias judiciales”, afirmó Lozano.

En Colombia, se presentó ante la Fiscalía General de la Nación, una denuncia por la comisión de delitos de utilización indebida de información privilegiada, violación a la reserva industrial y comercial, violación de derechos morales de autor y enriquecimiento ilícito de particulares.