Este jueves se llevó a cabo un mitin frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigirle a dicho organismo que deje de “criminalizar” a la luchadora social Kenia Hernández, integrante del colectivo “Zapata Vive”, quien desde octubre del año pasado permanece en un carcel de alta seguridad.
La defensa de Kenia Hernández interpuso un juicio de amparo indirecto, que este fue concedido por el Juzgado en el estado de Guerrero, lo cual deja sin efecto el auto de vinculación a proceso que mantiene detenida a la activista, pero tanto la FGR como Caminos y Puentes Federales “insisten indebidamente en mantenerla en prisión”, comunicó Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
La actitud de los funcionarios involucrados es tan grave en el caso en contra de Kenia Hernández, enfatizó, que el juez al que se le planteó la necesidad y obligación de juzgarla con perspectiva de género, dijo que lo anterior no era viable para la activista, pues dicha observación se utiliza solo para las mujeres golpeadas, y ella “es abogada y sabe lo que hace”.
De igual manera, Lara destacó que no hay ninguna otra persona detenida o juzgada por las mismas faltas que se le imputan a Hernández, lo cual deja claro que la intención de las autoridades es utilizar su caso para “plantear una pedagogía del escarmiento utilizando a Kenia, mandan un mensaje para que las protestas ya no existan más”.
“Hay condiciones jurídicas para que Kenia recupere su libertad, por eso hacemos un llamado atento y enérgico al presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario Alejandro Encinas, a que intervengan para que no se perpetúe la persecución en contra de la activista".
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