a principio de éste mes el juez Ercolini reunió pruebas que podrían comprometerla con la compra de un edificio para la Procuración, para el organismo, operación por la cual cobró una comisión millonaria el familiar de un funcionario que estaba a cargo de la transacción.
Gils Carbó fue nombrada por Cristina Kirchner y es vista por el Gobierno como el motor que impulsa a un grupo de fiscales a hacer denuncias contra funcionarios. Si bien la Casa Rosada le reclamó públicamente la renuncia, ella anunció que no se irá porque su cargo es vitalicio.
La inmobiliaria contó con el asesoramiento de Juan Carlos Thill, un broker de seguros que es medio hermano de Guillermo Bellingi, subdirector general de la Procuración, nombrado por Gils Carbó, que, según testigos, le reportaba a ella y seguía la marcha de la licitación.
Thill y la inmobiliaria firmaron un convenio para repartirse la comisión antes de que la licitación se publicara.
Arfinsa pagó una comisión de $ 7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento y ésta, a su vez, pagó $3 millones a Thill
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