¿Marchen presos?

  Recordemos la célebre frase del Dr. RAUL RICARDO ALFONSIN cuando requería “un medico a la derecha..”, para asistir a una persona que se encontraba en ese acto político y que había sufrido una descompostura, aquí en San Luis decimos “un juez a la derecha…”, obviamente que no por su posición ideológica, sino para que atienda y asista a la ciudadanía sanluiseña de los atropellos y desmanes que realiza la más Alta Representación de la Administración de Justicia en San Luis, esto es el Superior Tribunal de Justicia.

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            Y cuando decimos, de la necesidad de un Juez que atienda la grave situación por la que atraviesa la dirección máxima del Poder Judicial, es porque quienes la integran ha sido objeto de numerosas denuncias penales por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, sin que hasta la fecha, y no obstante, el dilatado transcurso de tiempo ocurrido haya recaído resoluciones judiciales ya sea, para desvincular a los Ministros del Superior Tribunal de todo hecho ilícito, o bien si esto hubiese sido probado, dictar las acciones que la Ley prevé.

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            Recientemente, este periodista formulo denuncia penal contra los Dres. OMAR ESTEBAN URIA, HORACIO GUILLERMO ZAVALA RODRIGUEZ, LILIA ANA NOVILLO y el ahora jubilado Dr. OSCAR EDUARDO GATICA, ingresando la misma en el Juzgado de Instrucción Penal N°1 de la ciudad de San Luis a cargo del Dr. Cadelago Filippi (siendo pertinente agregar que este mismo Magistrado tiene a su cargo otra causa penal contra tales Ministros por la supuesta comisión de los Ilícitos de Negociaciones Incompatibles con la Función Publica) y que fuera registrada bajo el N°PEX-201996/16 caratulada “QUIROGA FRANCISCO DANIEL (DEN.)-FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISRACION PUBLICA-ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO Y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS”.

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            En esta causa se corrió vista al Sr. Agente Fiscal N°1, quien formulo  REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ADHIRIENDO A TODA LA PRUEBA OFRECIDA POR EL SUSCRIPTO Y AGREGO ADEMAS LA REALIZACION DE UNA AUDITORIA POR PARTE DEL HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA, Y TAMBIEN LA RATIFICACION JUDICIAL DE LA DENUNCIA, LO QUE FORMALICE EL DIA 3 DE NOIEMBRE DEL 2016, RATIFICANDO INTEGRAMENTE TAL DENUNCIAY OFRECI MAS PRUEBA.

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            Lo que debe investigarse penalmente es la decisión del Superior Tribunal de Justicia de otorgarle al Dr. HORACIO GUILLERMO ZAVALA RODRIGUEZ un préstamo personal por la suma de casi doscientos mil pesos (200.000), que hará devolución el citado Ministro con un treinta por ciento de su haber mensual hasta completarse la suma mencionada; desde luego que no existe absolutamente ninguna normativa que autorice este procedimiento, otorgar un préstamo a un Ministro (en este caso Dr. Zavala Rodríguez) para que abonara una deuda personal QUE MANTENIA CON LA AFIP NACIONAL y de esta manera poder acceder al beneficio jubilatorio del 82% móvil, reiterando que de ninguna manera el Poder Judicial cuenta con facultades y/o autorizaciones para proceder de esta manera, por lo que obligadamente debió echar mano a otra partida presupuestaria y de esta forma desviar o malversar fondos que estaban destinados para otros menesteres funcionales de la Justicia.

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            Aquél entonces, es donde emerge el accionar autoritario y despojado de toda responsabilidad funcional en que incurren los Ministros del Superior Tribunal para autorizar el préstamo referido dictando el Acuerdo Nro. 225/2016, y a sabiendas absolutamente que este instrumento no podía ser dictado y puesto en práctica, pero no importo, ellos tienen todo el poder en la Justicia, y entonces lo hacen lo demás no tiene ninguna importancia, pero claro, olvidan lo que para ello es un detalle carente de toda importancia y que es que esos fondos destinados al préstamo personal señalado, no los sacaron de su propio bolsillo sino que son los dineros públicos que pertenecen al pueblo de San Luis.

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            Esta conducta, revela un enorme desprecio por la situación de crisis económica generalizada existente en el País y obviamente que San Luis no escapa a la misma, y mientras la gente puntana no deja de recorrer instituciones bancarias y casas de créditos para obtener un préstamo que la ayude a sobrellevar esta crisis, aun conociendo de antemano que los intereses serán cuantiosos, el Superior Tribunal le otorga a uno de sus pares un préstamo personal y le ahorra al beneficiado una enorme cantidad de pesos en concepto de intereses si hubiera recurrido como correspondía, el Dr. Zavala Rodríguez a una Institución Bancaria.

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            El propio Gobierno de la Provincia de San Luis y atento a esta situación generalizada  que hemos mencionado, realiza ingentes esfuerzos para otorgar a todo el personal publico un bono especial de fin de año, conocedor de que la gran mayoría del personal publico ya ha agotado sus posibilidades de sacar un nuevo préstamo bancario, y, reitero el Superior Tribunal otorga un préstamo personal a uno de sus Ministros por la suma de casi doscientos mil pesos para atender una situación también de carácter personal,.

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            Esto configura un privilegio inaceptable que solo tiene asidero en el desprecio por la gente humilde, por la gente carenciada entre las que se encuentra numerosas personas imposibilitadas de acceder a un préstamo bancario, pero para los Srs. Ministros del Superior Tribunal esto nada importa, y que cada uno se arregle como pueda.

            Creo, que resulta indispensable que todos los sectores de la sociedad tomen intervención en esta cuestión sobre todo el Colegio de Abogados de San Luis, el Colegio de Magistrados de San Luis, el Sindicato de los Empleados Judiciales, como igualmente los Diputados Senadores y Concejales de San Luis y emitan la opinión que tome la participación ineludible que les cabe ante semejantes atropellos que afectan claramente a la dignidad humana, a todos los trabajadores de la Provincia de San Luis y sobre todo  a los más humildes y más carenciados.

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            Finalmente, recuerdo a los Sres. Ministros del Superior Tribunal denunciado que en la Constitución Provincial de San Luis, a la cual le deben máxima observancia y cumplimiento, existe el Art. 28 que dispone obligatoriamente que todo funcionario o empleado público de la provincia de San Luis, debe vindicarse, bajo pena de separación de los cargos que desempeñan.

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            Sres. Ministros, apelen fuertemente a sus conciencias y hagan lo que crean necesario.

  San Luis, 7 de Noviembre del 2016.

FRANCISCO DANIEL QUIROGA

PERIODISTA DNI. 10351933