Como medida de protección hacia los derechos de las comunidades vulnerables que han huido de la crisis social que se vive en Venezuela, la Corte Constitucional ordenó a través de un fallo, que las venezolanas que se dedican a la prostitución en Colombia deben recibir una visa de trabajo. Según la corte colombiana, además de recibir visa laboral, las trabajadoras sexuales deben ser acogidas como refugiadas en algunos casos. 
Por otro lado, los magistrados han determinado que con el fin de proteger los derechos humanos de las personas que huyen del régimen de Maduro, no podrán existir expulsiones masivas de venezolanos; por tanto la sentencia prohíbe también las deportaciones masivas de venezolanos. 
El pronunciamiento del Alto Tribunal se dio debido a que en el municipio de Chinácota en Norte de Santander, hay cada vez más trabajadoras sexuales de origen venezolano. El Alto Tribunal señaló que "Se deben valorar las razones por las que decidieron venir a Colombia, los riesgos que corren si son expulsadas del país y la situación concreta que enfrentarían en Venezuela en caso de ser devueltas”