El proyecto de ley de pagos a plazos justos del la ley 181 de 2019, que fue aprobada tanto en la comisión de la Cámara
de Representantes como en sesión plenaria y al que le restan dos debates en el Senado de la República, establece la obligación
para los comerciantes y para las personas que ejerzan operaciones mercantiles de efectuar el pago de las obligaciones contractuales
en un término no mayor a 45 días, calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios.
La demora en los pagos por servicios o bienes efectivamente prestados o suministrados se traduce en un obstáculo que impide el desarrollo de sus
actividades y hace imposible el crecimiento de las empresas.
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