¿Por qué se sigue negando la eutanasia?

Hoy hace 20 años que la Corte Constitucional le pidió al Congreso de la República reglamentar el tema de la muerte digna conforme a los principios y derechos contenidos en la Constitución. Sin embargo, el Congreso sigue empeñado en evadir.

La Constitución protege el derecho a la vida, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, bajo el entendido de que cada ser humano es autónomo de tomar sus propias decisiones sin afectar a los demás. Estos derechos van acompañados del concepto de calidad de vida, donde, toda persona tiene el derecho a vivir dignamente. Ahora bien, si esto se predica de la vida, ¿por qué no predicarlo del momento de la muerte?

En este tema encontraremos en principio dos posturas opuestas: 1) La que asume la vida como algo sagrado e intocable y 2) Aquella que estima que es un bien valioso que, sin embargo, puede empobrecerse hasta hacer insoportable la supervivencia.

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En la primera, independientemente de las condiciones en que se encuentra el individuo, la muerte debe llegar por medios naturales.

Por el contrario, en la segunda, se admite que el individuo pueda decidir si continúa o no viviendo, cuando las situaciones que rodean su vida no la hacen deseable ni digna de ser vivida, como por ejemplo cuando los intensos sufrimientos físicos que la persona padece no tienen posibilidades reales de alivio, y sus condiciones de vida son tan bajas, que lo pueden llevar a ver en la muerte una opción preferible a la sobrevivencia.

Mientras en países como España, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Australia y Estados Unidos avanzaba el debate, en Colombia cada proyecto es ocasión para repetirnos en la cobardía de las evasiones

Debido a la ausencia de regulación, se ha impedido que la protección al derecho fundamental a morir dignamente se lleve a cabo. Por esa razón la Corte nuevamente en 2014, le ordena al Ministerio de Salud hacer las directrices para los equipos interdisciplinarios que determinarán si el enfermo es terminal y por lo tanto, susceptible a la aplicación de laeutanasia y (2) realizar protocolos médicos que sirvan como guía y referente para los procedimientos tendientes a garantizar el derecho a morir con dignidad.

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En abril de 2015, el Ministerio de Salud expidió los protocolos médicos qué recomiendan los procesos de evaluación que buscan garantizar que los pacientes tienen la capacidad de solicitar un aplicativo para la eutanasia.

La primera y única eutanasia practicada en el país fue en julio de 2015. El memorable papá de ‘Matador’, Ovidio González, perdió el olfato, el gusto y demasiado peso por un cáncer terminal de boca que sufría hacía 5 años. Luego de muchísimas denuncias presentadas a los medios de comunicación por ‘Matador’, finalmente el Comité de la Clínica de Oncólogos de Occidente de Pereira le aprueba el procedimiento.

Sin embargo, me surge la siguiente duda, ¿Por qué si ya están los protocolos siguen negando la práctica de la eutanasia? ¿Se están negando los médicos? ¿O realmente todos los enfermos del país tienen cura y tratamiento?

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Con esto solo quiero significar que esa función de colaboración entre las ramas del poder está más enredada que las luces navideñas: la Corte le ordena al Congreso que legisle, el Congreso se hace el pendejo, la Corte se enoja y como vio que por acá no era la vuelta, le tiró la pelota al Ministerio. ¿Existe extralimitación de las funciones? ¿U omisión de las funciones del legislador?

Desde mi punto de vista planteo que la muerte digna en casos de enfermedades terminales se debe aplicar para evitar el sufrimeinto tanto a paciente como familiares.