Gobierno de Jimmy Morales versus CICIG: la lucha anticorrupción.

Como ya es conocimiento de la mayoría, la CICIG ha mantenido una lucha frontal hacia la corrupción en las esferas gubernamentales al más alto nivel desde abril del 2015, derivado de ello la mayoría de funcionarios del gabinete del gobierno de Otto Pérez Molina, incluyéndolo a él y a su vicepresidenta se encuentran bajo investigación por actos anómalos en la administración de recursos estatales. Otros sectores investigados son Aceros de Guatemala por defraudación tributaria y muchas más empresas privadas, entre las que debemos resaltar la televisora Alabavision, propiedad del empresario mexicano Ángel González cuya esposa es requerida por la justicia guatemalteca a nivel internacional por su complicidad en actos de corrupción en el gobierno de Otto Pérez. Otros personajes como Manuel Baldizon y Luis Rabbe se suman a la lista de perseguidos penalmente a solicitud de las investigaciones de la CICIG.

El gobierno actual no ha sido la excepción, el órgano investigador ha solicitado la remoción del antejuicio de varios diputado incluyendo la del presidente, este último por actos anómalos en el financiamiento de la campaña electoral del FCN, partido del actual gobierno y del que Jimmy Morales fungió como secretario general en su momento. Es quizá derivado de los repetidos intentos fallidos de la CICIG por removerle su inmunidad y al caso “Registro de la propiedad” en el cual se encuentran involucrados su hijo y su hermano, lo que provoco que en agosto de 2018 Jimmy Morales no renovara el mandato de la Comisión, es necesario mencionar que, de acuerdo al tratado ratificado por el congreso de la república, el mandato de la CICIG debe ser renovado periódicamente.

Posteriormente el gobierno del FCN intento expulsar al comisionado de la CICIG mediante una orden ejecutiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual fue derogado gracias a un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad, sin embargo, Jimmy Morales logro su cometido al impedirle el ingreso al país al comisionado Iván Velásquez luego de que este se presentara a la sede de la ONU en USA a rendir informes sobre su gestión. La lucha por la erradicación de la CICIG en Guatemala por parte de la actual gestión gubernamental no se queda ahí, recientemente, el 18 de diciembre de 2018 la cancillería guatemalteca anuncia la cancelación de las visas (permisos para estar en el país) a 18 investigadores de alto impacto de la comisión. Sorprendentemente el gobierno con esta acción viola nuevamente el ordenamiento jurídico nacional pues en el acuerdo internacional de la creación de la CICIG en Guatemala ratificado por el Congreso de la República (lo que lo convierte en ley del ordenamiento jurídico nacional) se estipula que el único con potestad de cancelar dichos permisos es el comisionado. Estas acciones acompañadas con la fuerte campaña “nacionalista” con tintes fascistas en redes sociales denotan la gran necesidad que tiene este gobierno de la desarticulación por completo del órgano investigador y levantan fuertes sospechas sobre el involucramiento del gobierno y sectores allegados a estos personajes, en actos anómalos.

Las acciones ciudadanas no se hicieron esperar, sociedad civil interpuso un amparo que fue dado con lugar por la CC en el cual se ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores permitir el ingreso de los investigadores de la CICIG (quienes se encuentran fuera del país por las celebraciones de fin de año), la jugada posterior del gobierno de Jimmy no se dejó esperar, por medio de la Procuraduría General de la Nación, el gobierno solicito la remoción del derecho de antejuicio contra tres magistrados de la CC por considerar que cometieron actos ilícitos  al otorgar el anterior amparo, como era de esperarse esta solicitud fue denegada.

Este tipo de acciones, como mencionamos con anterioridad, denotan la desesperación de este gobierno por desarticular la CICIG convirtiéndolos en altamente sospechosos de la comisión de actos delictivos y creando un ambiente de desestabilización institucional serio en el que hasta nuestra República puede verse seriamente afectada ya que la injerencia del poder ejecutivo está siendo fuerte sobre jueces y magistrados.