Lo que quedó claro de la cumbre del Grupo de Lima que se reunió ayer en Bogotá es que se descartó el “uso de la fuerza” como salida a la crisis en Venezuela.
También, que se van a impulsar acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que tome en consideración la “violencia de (Nicolás) Maduro” como un “crimen de lesa humanidad” y que habrá un reforzamiento de la ofensiva diplomática para buscar una transición democrática.
No se dio el ultimátum militar que algunos sectores esperaban. De esta forma, el fantasma de una intervención –que había sido agitado por líderes de la oposición como Julio Borges e insinuado por el presidente encargado Juan Guaidó, y que también había sido incluido dentro de las posibilidades por la retórica del gobierno de Donald Trump con su famoso “todas las opciones están sobre la mesa”– se disipó, por ahora, en favor de más presión no militar y de la acción multilateral.El punto 16 de la declaración del grupo al término de la cumbre de ayer lo dice claro: “Reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”.
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