En el país, hay 13’167.139 predios residenciales, de los cuales el 27,8 por ciento son de estrato 1; el 27,5 por ciento del 2; 19,6 por ciento del 3; el 7,2 por ciento del 4; el 3 por ciento del 5; y el 2 por ciento del 6, de acuerdo con el registro de la Superintendencia de Servicios Públicos, para acueducto, alcantarillado y aseo.
Sin embargo, en la preparación del Plan de Desarrollo que el Gobierno presentó para sus cuatro años de administración, se encontró que hay inmuebles de estrato 1 en donde el ingreso por persona supera los 20 millones de pesos mensuales; de estrato 2, con ingresos de más de 27 millones, y de estrato 3, con más de 30 millones por persona.
Así, queda claro que los estratos no clasifican adecuadamente a los hogares de acuerdo con su nivel económico, y a mucha gente de altos ingresos las cuentas de los servicios se las terminan pagando compatriotas más pobres.
Por eso, en el Plan de Desarrollo se ha planteado la posibilidad de cambiar el mecanismo de los estratos 1 al 6 por otras alternativas para poder cobrar tarifas distintas a los hogares según su riqueza.
Una posibilidad, mencionada en el Plan, es la información catastral, en donde hay evidencia de que está mejor relacionada con las condiciones socioeconómicas de los hogares. Otra opción es a través de la comprobación previa de medios de vida de los hogares, para lo cual se podría recurrir a instrumentos como el Sisbén, para identificar quiénes deberían recibir los subsidios de los servicios públicos.
Sin embargo, en el pasado, en un documento en donde se explica el porqué del sistema de estratificación, el Dane señalaba que medir los ingresos por persona y por hogar es inmanejable, pues el volumen de datos que habría que recolectar, por su variabilidad a corto plazo, no constituye información confiable dada la magnitud de la informalidad y el desplazamiento continuo de las familias.
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