La Generalitat decidió ir hasta el final en la celebración del 9-N, a pesar de que el Constitucional suspendió la votación cinco días antes, porque consideró que el llamado proceso participativo, que sustituyó a la consulta original, era legal y no incurría ni en irregularidades, ni mucho menos en delitos. Este fue el criterio que impuso Francesc Homs, ahora portavoz de PDeCAT en el Congreso y entonces consejero de la Presidencia, mano derecha de Mas y pieza clave en la organización del sucedáneo de consulta porque de él dependían los servicios jurídicos del Gobierno catalán.
Homs testificó ayer en la tercera jornada del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, en la que asumió la responsabilidad política de la decisión de ignorar la suspensión decretada por el alto tribunal. «No fui un mero transmisor» del dictamen de los servicios jurídicos de la Generalitat, «yo configuré la decisión final», afirmó Homs en un sacrificado capotazo a los tres acusados, pero sobre todo a Mas.
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