Este proyecto busca proteger a las personas naturales o jurídicas que sean sometidas a procedimientos de mala fe en cuanto a plazos para realizar pagos y facturación en sus actividades comerciales por parte de las grandes empresas. Una vez entre a regir la ley, el plazo máximo para pago de obligaciones de actos mercantiles será de 60 días, calculados a partir de la fecha de recepción de las mercancías o prestación del servicio.Transcurridos 5 años de estar en vigencia la ley, el plazo máximo para pagos será de 45 días. 10 años después de la promulgación de ley, el plazo máximo para pagos será de 30 días.
La norma no aplica para pagos de intereses generados por cheques, pagarés y letras de cambio, pagos de indemnizaciones por daños, contratos de arrendamiento, suministros y concesión.
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