Los robos de identidad obtienen información personal como contraseñas, números de identificación, números de tarjetas de crédito, datos de seguridad social... con la intención de actuar de manera fraudulenta en nombre de la víctima. Esta información puede ser usada para varios propósitos ilegales, como solicitar préstamos, realizar compras online o acceder a los datos médicos y financieros de la víctima.
El robo de identidad está muy relacionado con el phishing y otras técnicas de ingeniería social que a menudo se usan para conseguir información sensible de la víctima. Perfiles públicos en redes sociales u otros servicios online pueden ser la fuente para adquirir la información, permitiendo a los criminales a hacerse pasar por sus víctimas.
Cuando en un robo de identidad se recopila suficiente información, ésta se puede utilizar para realizar compras, tomar el control de las cuentas online de las víctimas o emprender acciones legales en su nombre. A corto plazo, las personas afectadas pueden sufrir pérdidas financieras debido a retiros de dinero no autorizados y compras realizadas a su nombre.
A medio plazo las víctimas pueden ser consideradas responsables de las acciones llevadas a cabo por los delincuentes en su nombre, y pueden ser investigadas por las agencias de aplicación de la ley, así como enfrentarse a consecuencias legales, cambios en su estado de crédito y daños morales.
Según el Estudio de Fraude de Identidad de 2017, en 2016 se identificaron robos por valor de 16 billones de dólares que afectaron a 15.4 millones de usuarios solo en los EE.UU. En el mismo año, en el Reino Unido, la organización de prevención de fraude Cifas, documentó casi 173.000 casos de identidad fraudulenta en las islas británicas, el mayor número de casos desde que se registran datos 13 años atrás.
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