El ejercito y los crimenes de lesa humanidad

Después de varios años de investigación, la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda utilizó la información más diversificada y de mayor solvencia para informar a Juan Manuel Santos. El gobierno presentó un informe detallado en el que pedía procedimientos penales y serios para los altos funcionarios militares retirados y activamente involucrados en delitos contra civiles inocentes, denominados "falsos positivos". Entre ellos, los tres últimos generales han comandado el ejército, y el general actual que es Juan Pablo Rodríguez, quien está a cargo de la Quinta División, en ese momento el gobierno de Uribe ejecutó 119 veces en una ejecución extrajudicial.

Aunque la fiscal se refirió a 1.228 casos registrados por la Corte Penal Internacional, su informe citó casos emitidos por la representante colombiana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2015. Se dice que las victimas de Falsos positivos superaria mas de 5000 civiles

Según la Fiscalía de la CPI: "la mayoría de los asesinatos se cometieron para mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla y las víctimas fueron seleccionadas especialmente pues residían en zonas remotas o pertenecían a sectores marginales de la población. Para ubicarlas se usaron civiles, paramilitares, policías o militares que secuestraron o atrajeron a las víctimas bajo engaños, como promesas de trabajo. Tras su asesinato, les colocaban armas o equipos al lado de sus cuerpos para simular combates que nunca tuvieron lugar".

Hasta ahora el único general encausado en estos delitos ha sido el General Torres Escalante. Aunque el Gobierno ha ido retirando de la actividad a otros generales sospechosos, como Luis Pico, Paulino Coronado y José Joaquín Cortés, la fiscal de la CPI acusa al Gobierno Santos de no haber dado hasta ahora “pruebas tangibles de que se estén realizando indagaciones relevantes por parte de las autoridades colombianas”, lo que significa la advertencia de una próxima intervención subsidiaria de la Justicia Internacional.

Estos Soldados de la milicia no pueden acojerse bajo la justicia especial de la paz:

Los 23 generales y 6 coroneles acusados por la CPI no podrán acogerse, como algunos han empezado a solicitar, a la Justicia Especial de Paz, fijada en los Acuerdos de La Habana entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, como condición para su desarme y desmovilización, y cuya aplicación está desatando grandes resistencias en la derecha colombiana, representada fundamentalmente por los seguidores del expresidente Álvaro Uribe.

Según numerosos juristas, los crímenes denominados “falsos positivos” no fueron hechos generados por el enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla, para los que se aplicará la “Justicia Especial”, sino simples asesinatos orientados a exhibir falsos resultados en la actuación militar, e incluso a obtener beneficios y recompensas por parte del ejército a costa del asesinato de civiles inocentes.

En todo caso, el informe de la Corte Penal Internacional está provocando una gran conmoción entre los poderosos círculos militares, en activo o retirados, ya que, por primera vez, han salido a la luz nombres de decenas de altos mandos, cuyos representantes oficiosos trataban desde hace meses de negociar su impunidad con el Gobierno Santos. Aunque no han protagonizado ningún golpe en la historia de Colombia, los militares han representado hasta hoy un fuerte poder en la sombra.

Referencia, me base en esta noticia: https://www.publico.es/internacional/colombia-corte-penal-internacional-pide-juzgue-29-altos-cargos-ejercito-colombiano-delitos-lesa-humanidad.html