Al expresidente Álvaro Uribe lo han tildado últimamente de “genocida” y “criminal de guerra”, y lo han acusado también por crímenes de guerra. Primero fue la serie Matarife, un genocida innombrable, que en su título tiene la acusación y que ha recopilado los episodios en los que el expresidente pudiera tener alguna responsabilidad penal, aunque hasta ahora no se le ha comprobado nada.
Luego el exfiscal Eduardo Montealegre reiteró que va a denunciar penalmente a Uribe ante la Corte Suprema de Justicia por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por las masacres de El Aro y La Granja.
Para estos delitos hay leyes penales en cada país. La Corte Penal Internacional, CPI, nacida del Estatuto de Roma, juzga las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, entre ellas estos tres delitos, considerados los peores de los conflictos armados. La CPI actúa cuando los Estados no imparten justicia sobre estas conductas, pero lo hace, como ya lo explicamos, dentro de sus competencias.
Basicamente el genocidio según el codigo penal colombiano, omete este delito (artículo 101 de la ley 599 de 2000) quien “con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros” e “incurrirá en prisión de cuatrocientos ochenta meses (480) a seiscientos meses (600)”, es decir, entre 40 y 50 años.
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