Reportaje: El aborto después de la ley.

Una chilena ayudó a una familiar de 16 años, de familia conservadora, estudiante de un buen colegio, a practicarse un aborto con misoprostol, el medicamento que se vende en el mercado negro por verdaderas mafias y que ha cambiado las prácticas de aborto clandestino en Chile. La menor le mintió sobre la cantidad de semanas de embarazo: le dijo que tenía entre seis y ocho, cuando en realidad eran alrededor de 14. La muchacha se encerró en el baño y, cuando la mujer entró, la encontró con el feto colgando. “Fue terrible, porque no debió ser así. Ella debió tener la posibilidad de hospitalizarse, tener apoyo, etcétera. Si las cosas fueran distintas, no habría llegado a ese punto”, recordó luego la mujer.

El testimonio es parte de las decenas de relatos contemplados en el capítulo sobre el aborto del informe anual de Derechos Humanos 2013 de la Universidad Diego Portales (UDP), probablemente la más completa y actualizada de las radiografías que existen en Chile sobre las interrupciones provocadas de los embarazos. En la investigación, liderada por Lidia Pérez y Paulina Narbona, se describen las prácticas, precios y riesgos a los que están expuestas las mujeres que por diversos motivos optan por realizarse un aborto. La lectura en ocasiones se vuelve escalofriante, como cuando se describen los abusos y maltratos por parte de los médicos que practican el procedimiento en clandestinidad. Una mujer relata que su aborto fue sin anestesia y que se desmayó tres veces por el dolor. El doctor le dijo que si se desmayaba nuevamente, no le iba a realizar la intervención. Algunos piden el pago en efectivo y un segundo cobro: sexo oral.

La ilegalidad total del procedimiento desde 1989 hace inviable que se conozcan cifras exactas sobre las interrupciones provocadas del embarazo, aunque los expertos han logrado hacer estimaciones que permiten dimensionar la magnitud del fenómeno. El epidemiólogo del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, Olav Meirik, realizó una proyección a partir de la tasa global de fecundidad de cada mujer en edad fértil (1.94 hijos), la utilización de 64% de anticonceptivos y las cerca de 33 mil hospitalizaciones por aborto informadas tanto al Ministerio de Salud (que no distinguen entre abortos espontáneos e inducidos). De acuerdo a sus cálculos, en Chile se realizan unos 70 mil abortos al año.

El proyecto de ley que el gobierno de Michelle Bachelet pretende aprobar contempla su despenalización en tres causales: en caso de riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Para sus defensores, representa “el mínimo ético” que Chile debe garantizar a las mujeres y niñas, según explica Camila Maturana, abogada del programa de seguimiento legislativo de Corporación Humanas. Como probablemente se trata de los tres casos más dramáticos y extremos, cuentan con un mayoritario apoyo de las mujeres, de acuerdo a los sondeos: el 79.2% está de acuerdo con legalizar el aborto cuando se encuentra en peligro la vida de la madre, el 74.2% en caso de graves malformaciones fetales y el 72.9% si el embarazo es producto de una violación, según indica la encuesta 2020 de Humanas, que realiza por décimo año consecutivo. Para la socióloga Teresa Aburto, integrante del Observatorio Género y Equidad, “lo más importante de este proyecto, junto con las tres causales, es que afirma la decisión y la voluntad de la mujer, es decir, ella decide según sus creencias, convicciones, evaluación de su situación. Es el verdadero nudo de la discusión: el reconocimiento de que somos sujetos de derecho y podemos decidir sobre nuestra vida y nuestro cuerpo”.

Aunque el Congreso aprobara íntegramente la legislación que despenaliza el aborto en tres causales, cerca de un 95% de las 70 mil interrupciones del embarazo que se producen anualmente en Chile seguirán siendo ilegales. Valdés señala que, de acuerdo a los datos históricos del Departamentos de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, anualmente se producen aproximadamente 50 muertes maternas por distintas causas y unos 500 casos anuales de malformaciones letales. “En cuanto a la causal de la violación, lo que existe es una estimación sobre la base de estudios mundiales acerca del porcentaje de las mujeres que han sido violadas y que resultan embarazadas. Aunque la evidencia científica da un rango grande, se ha llegado a una cifra de 2.000 casos para Chile”.

En definitiva, una inmensa mayoría de las prácticas de interrupción del embarazo seguirán en la clandestinidad. Para Irma Palma, directora del Programa de Aprendizaje en Sexualidad y Afectividad de la Universidad de Chile, “los opositores al proyecto niegan el aborto legal, pero toleran perfectamente el aborto clandestino. Deben ser interpelados, porque es un discurso paradojal”.