El Servicio de Rentas Internas rastrea a 512 empresas fantasmas que ejecutaron, por una década, transacciones ilegales para facilitar el contrabando, la evasión de impuestos y otros delitos fiscales. En la zona industrial, ubicada en el norte de Quito, en la esquina de la avenida Galo Plaza y De los Ciruelos, se encuentra un complejo que reúne a unas seis empresas. En esa dirección estaba registrada una compañía dedicada presuntamente a la venta, al por mayor y menor, de maquinaria para la industria alimenticia. Pero en una visita realizada por este Diario, el 28 de octubre de 2017, un trabajador del lugar indicó no haber oído acerca de esa firma en los dos años que labora. Pese a ello, según datos de la Superintendencia de Compañía, la empresa registró actividades entre el 2012 y el 2016, e incluso reportó haber facturado ventas por USD 13 millones en ese período. Precisamente, los primeros casos de empresas fantasmas se evidenciaron a partir de operativos de rutina que realiza el SRI. Se trata de la verificación de domicilios, ingresados en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Pero luego, gracias a la incorporación de otros mecanismos, el SRI pudo establecer que no eran casos aislados sino una práctica común. Entre las herramientas está el ‘big data’ para el cruce de información con otras entidades, como el Seguro Social, la Aduana e incluso el levantamiento del sigilo bancario de algunos contribuyentes, un polémico tema que se introdujo mediante reforma legal en el 2012. El cruce de datos permitió determinar, por ejemplo, que si bien las empresas reportaban haber vendido maquinaria, no había registros de que hayan adquirido estos insumos. Por ejemplo, una empresa, registrada como productora y comercializadora de material impreso, nunca adquirió hojas, tinta, ni siquiera poseía maquinarias. Otras ofertaban servicios, pero no tenían personal afiliado al Seguro Social. Con ello, en el último año el registro de empresas fantasmas del SRI creció de 340 casos a 512 hasta este mes, detalló el director general del SRI, Leonardo Orlando. Las empresas fantasmas venden facturas falsas, principalmente con tres objetivos. El primero es la evasión de impuestos. Por ejemplo, una firma comercializadora de bebidas alcohólicas adquiere 10 botellas con factura al consumidor final,pero luego registra la compra de 8, con una factura falsa que consigue de una empresa fantasma. De esta forma reduce su pago del impuesto a la renta (IR) o altera la declaración del impuesto al valor agregado (IVA) o el impuesto a los consumos especiales (ICE). El segundo es el contrabando. El mes pasado, las autoridades descubrieron el caso de dos empresas, una importadora y una comercializadora, que proveyeron de insumos médicos a varias casas de salud en el país, incluido un hospital público. Las empresas presentaron facturas falsas, con precios subvalorados de esos insumos, que eran de contrabando. La subvaloración de mercadería permite declarar compras con valores bajos y luego venderlos a costos más altos. Ambas empresas registraron transacciones por USD 55 millones Una tercera modalidad se relaciona con actos de corrupción. Una empresa fantasma entrega a un contratista estatal facturas por una servicio no prestado, que luego es utilizado, por un lado, para deducir el pago de impuestos y, por otro, justificar el pago de coimas. Entre el 2010 y el 2016, las 512 empresas fantasmas reportaron ventas por USD 2 129 millones. Esas compañías están domiciliadas, principalmente, en Guayas, Pichincha y El Oro. El perjuicio al Fisco por el funcionamiento ilícito de estas empresas alcanza USD 655 millones, de los cuales se ha logrado recuperar 367 millones, según detalló el subdirector del SRI, Guillermo Belmonte. Un 57% de empresas fantasmas reportaron como actividad principal el comercio al por mayor y menor y la reparación de vehículos y motos; y la construcción e inmobiliaria. Le siguen los sectores como industria manufacturera y actividades profesionales, científicas y técnicas. Por otra parte, según datos de la autoridad tributaria, unas 15 719 personas y empresas se beneficiaron de los servicios ilegales. La mayoría de los sectores de la construcción y de actividades profesionales. Hasta ahora se han judicializado unos 200 casos. Belmonte dijo que ya hay detenidos, quienes podrían enfrentar una sanción de 3 a 5 años de pena privativa de libertad, por el delito de defraudación establecido en el Código Integral Penal.