La pugna al interior de Alianza País (AP) creció tras el anuncio de una convención nacional convocada por una parte de la organización oficialista. La mañana de este lunes 20 de noviembre del 2017, la bancada de asambleístas discutió sobre la legitimidad del llamado. Para la asambleísta Marcia Arregui, la convención “será una reunión de amigos que están en contra de los que están a favor”. Para ella, es ilegítima la convocatoria porque nueve integrantes de la dirección nacional fueron sancionados, por seis meses, por la comisión de ética. Arregui, quien fue la única asambleísta oficialista que firmó para pedir un juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glas, aseguró que el expresidente Rafael Correa es bienvenido al país. Señaló que a diferencia del expresidente, ella no ha sido invitada a la convención. Por su parte, Juan Lloret, legislador de Azuay y director provincial de AP, dijo que todos los asambleístas pueden asistir al igual que las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados que pertenecen a AP. Dentro de la convención, prevista para el 3 de diciembre en Esmeraldas, se prevé conocer un informe de la dirección nacional del movimiento. Ahí se hará una ratificación de las autoridades de AP y de la elección de otras, en caso de considerar necesario. También está previsto hacer el debate y la aprobación el compromiso militante. El documento recoge planteamientos de los militantes en provincias para fortalecer AP, indicó Lloret. A esto se sumarán reformas a los estatutos internos. En cuanto a la organización de la convención y de la agenda del expresidente Correa, se ha delegado a un comité nacional que se encargue de la coordinación. En primera instancia, señaló que la convención se realizará en el coliseo principal de Esmeraldas. A ella también podrán acceder delegados provinciales que son escogidos con base en el número de militantes por cada provincia. En el caso de Azuay serán 50. Otras voces, como la de Ximena Peña, coordinadora de bloque, criticaron la convocatoria porque existe una disputa interna. Ella considera que lo responsable hubiese sido esperar un dictamen del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que presentó el 13 de noviembre una denuncia en contra de los tres jueces de Garantías Penales que dejaron sin efecto la destitución de Lenín Moreno como presidente de Alianza País, el 1 de ese mes. “Sería oportuno que todas las autoridades se abstengan de tomar decisiones hasta que no haya una resolución definitiva por parte del TCE”, dijo.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO
