La Paz a un año del Gobierno Duque: Parcialidad e incongruencia con el acuerdo FARC-EP-Estado y la ruptura de diálogos con el ELN

Por: Alvaro Villarraga Sarmiento

A un año del gobierno del presidente Iván Duque en materia de paz con relación al Acuerdo de Paz con las FARC entrega este saldo:
Formulación de una política de reintegración que prioriza de forma unilateral frente a los demás compromisos del acuerdo, pero que aún logra escaso desarrollo.
Definición posterior de la Política de Estabilización Paz con Legalidad, que asume los temas, programas y entidades creadas por el acuerdo, pero sus definiciones, medidas y proyecciones resultan limitadas y en ocasiones incongruentes.
En la gestión del conjunto de los asuntos relacionados con el acuerdo de paz predomina la lentitud, desfinanciación de varios programas e inconsecuencia con respecto a lo pactado en lo referido a la reforma rural integral, reforma política y electoral, creación de una Circunscripción Electoral Especial Territorial.
Y puntos críticos han sido la ausencia de garantías de seguridad reflejada en los asesinatos sistemáticos de liderazgos sociales y de excombatientes y el intento arbitrario fracasado de reformar regresivamente a la JEP.
Entre tanto, el gobierno Duque con relación al proceso de paz con el ELN nos entrega.
Ruptura de la mesa de negociación instalada con delegaciones del gobierno y del ELN en La Habana, Cuba, la cual había conseguido desarrollos parciales valiosos en dos puntos de la agenda convenida y aplicado un cese al fuego bilateral temporal con verificación de la ONU.
Negativa por el gobierno a cumplir con la aplicación del Protocolo de Garantías que debe aplicarse en caso de ruptura de la mesa de conversaciones, suscrito previamente por ambas partes con apoyo de varios Estados obrando en calidad de garantes internacionales.
En contrario a las disposiciones 

vigentes del DIH y a las costumbres del derecho internacional, solicitud gubernamental a Cuba de extraditar a Colombia, bajo el señalamiento de “terroristas”, a los representantes negociadores del ELN oficialmente reconocidos por el Estado colombiano, para efectos de las conversaciones de paz con apoyo en el acompañamiento de la comunidad internacional.
Aplicación de policía de criminalización total mediante la expedición de una ley que desconoce la conexidad de la rebelión con otras conductas ilegales, lo cual crea un alto ingrediente de dificultad en caso de retomar el proceso de paz 

Ausencia de un acuerdo nacional de paz e intentode hacerlo contra la JEP

Colombia afronta el tránsito de la guerra a la paz, el acuerdo con las FARC da lugar a la contribución más decisiva de la transición en tal sentido, pero de forma que ésta solo podrá tener éxito si cuenta con el respaldo activo de un gran consenso nacional en la sociedad y en las instancias del Estado para asumir la construcción de la paz. El presidente Duque en su discurso de posesión anunció la disposición a liderar un acuerdo nacional amplio y sin exclusiones e hizo referencia a la necesidad de conseguir la paz. Sin embargo, no solo no ha logrado un acuerdo de tipo nacional, sino que en sentido contrario perdió a la mayoría de los partidos que tuvo como aliados en la campaña electoral y se ha alinderado políticamente y en el Congreso con los sectores que se han tornado minoritarios promoviendo iniciativas opuestas o en menoscabo de los desarrollos legales del acuerdo de paz.

En efecto, el partido de gobierno, el Centro Democrático, es opositor al contenido fundamental del acuerdo de paz con las FARC y cuanta ahora en tal posición con escasos aliados, el Partido Conservador que hace parte también del gobierno y sectores cristianos. Si bien ante las obligaciones constitucionales y legales que le asisten y su responsabilidad como jefe de Estado y de Gobierno, el presidente Duque ha tenido una posición más mesurada y ha respaldado tópicos del acuerdo de paz, a la vez en iniciativas y medidas importantes ha sido contrario al desarrollo integral de los compromisos del acuerdo de paz, en coincidencia con tales sectores opositores, que se expresan con más radicalidad. Ello hace referencia a las posiciones coincidentes de desacuerdo con implementar la reforma rural integral, la reforma política y electoral, expedir la Circunscripción Especial Territorial de Paz y lo más significativo en términos de impacto político, haber dedicado un semestre completo de debates en el Congreso durante el presente año al intento de menoscabar el alcance, carácter y autonomía de la JEP.
De otra parte, en defensa de implementación del acuerdo de paz se ha conformado en el Congreso una alianza mayoritaria conformada por los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Liberal, la U, Cambio Radical, FARC, convergencia Decentes con Colombia Humana, UP y MAIS y otros congresistas indígenas independientes.
En el ámbito político, social y de la opinión ciudadana entre los apoyos activos a la paz surgió la importante convergencia denomina Defendamos La Paz (DLP), conformada por personas que fueron firmantes del acuerdo de paz por las partes, congresistas de las bancadas defensoras del acuerdo de paz, líderes políticos, sociales, étnicos, columnistas de prensa, académicos, artistas, organizaciones de derechos humanos y promotoras de la paz, quienes desarrollan iniciativas, pronunciamientos y promueven la movilización por la paz y en defensa de las garantías y del respeto a los líderes sociales y a excombatientes. Así mismo, DLP desarrolla una campaña nacional por la recolección de un millón de firmas para que se reconozca la aprobación hecha del Acto Legislativo de la Circunscripción Especial Territorial de Paz y el presidente expida el marco legal en consecuencia.

Tras seis meses de debates en el Senado y en la Cámara, finalmente la propuesta del presidente Duque presentada impropiamente como propuestas de reforma motivadas por supuestas razones de inconveniencia para reformar con medidas de fondo la JEP fueron derrotadas en ambas cámaras. La presidencia del Senado se negó a oficializar tal decisión, al resistirse a reconocer el triunfo de la votación mayoritaria, de forma que el caso tuvo que elevarse a revisión de la Corte Constitucional, tribunal que lo constató. En consecuencia, el 6 de junio 2019 el presidente Iván Duque tuvo que expedir o sancionar la Ley 1957 estatutaria de la JEP. Tras esta situación se produjeron tres decisiones desde el presidente Duque: cambiar la ministra de justicia, anunciar que persistirá por otras vías legales en el empeño de cambiar este marco legal de la justicia transicional y llamar a los partidos políticos Liberal, -Cambio Radical y la U a sumarse a un acuerdo nacional en tal empeño, los cuales rechazaron esta propuesta y se manifestaron partidarios de los términos del acuerdo de paz para la justicia transicional.

Limitación de la política gubernamental de paz e implementación del acuerdo

En la campaña electoral Iván Duque utilizó el lema: “ni trizas ni risas”, para referir que no atacaría ni negaría la totalidad del acuerdo de paz, que apoyaría el efecto de la desmovilización de las FARC EP, la reintegración de sus excombatientes, pero que se distanciaba y revisaría otros contenidos sustanciales del acuerdo. De allí se deriva su posición selectiva al respecto. En consecuencia, formuló una política desde el inicio de su mandato más referida a temas relacionados con la seguridad, el fortalecimiento de las FFMM y erradicación y sustitución de los cultivos de uso ilícito, de forma que solo hacia la reintegración de excombatientes hubo algunos mensajes y algunas visitas a los ETCR de varias regiones.

Sin embargo, el presidente Duque esta obligado por desarrollos de la Constitución, por varias leyes, numerosos decretos leyes, por políticas y programas y varias medidas administrativas adoptadas desde el anterior mandato presidencial del presidente Santos con el desarrollo de presupuestos y consecuencias del acuerdo de paz. A ello se suma con importancia también el apoyo y la presión sobre él de la comunidad internacional a favor del acuerdo de paz y su aplicación. Pero en muchos aspectos se resiste, trata selectivamente asuntos de aplicación del acuerdo, responde a medias con otros y en lo posible soslaya algunos temas o compromisos.

En términos de desarrollo de política de paz el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de la Presidencia de la República, aprobó el Conpes 3931 el 22 de junio de 2018, el cual definió la política pública gubernamental de reintegración de excombatientes, que en líneas generales asume los compromisos de implementación demandados por el acuerdo e incorpora actividades con apoyo en el Consejo Nacional de Reincorporación con participación de delegados de las partes y con desarrollo de programas a cargo de la Agencia de Normalización y Reincorporación:

“El Documento CONPES 3931 Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP tiene como objetivo garantizar una reincorporación integral de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias a la vida civil, de acuerdo con sus intereses y en el marco del Acuerdo Final. Para esto, el documento establece cuatro ejes estratégicos: (i) el fortalecimiento de procesos de articulación y planificación entre los actores involucrados en la reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias; (ii) la promoción de la reincorporación comunitaria en el territorio, orientada al fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación; (iii) la generación de condiciones para el acceso a mecanismos y recursos necesarios para la estabilización y proyección económica de exintegrantes de las FARC–EP y sus familias, de acuerdo con sus intereses, necesidades y potencialidades, y (iv) la generación de condiciones para el acceso y la atención de los derechos fundamentales e integrales de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias. La política tendrá una vigencia de ocho años (hasta 2026) y su costo estimado es de 265.270 millones de pesos”[1].

Posteriormente, en diciembre de 2018, el gobierno definió la Política de Estabilización Paz con Legalidad que fue presentada y es liderada por el alto consejero presidencial Emilio Archila: “La implementación de la política que ahora se adopta para los colombianos es uno de los pilares para que se construya una Paz con legalidad, cuyo futuro será de todos. Por ello, con fe en Colombia trabajaremos por los derechos de las víctimas, por apoyar a quienes sigan apegados a la legalidad y no reincidan. También, por lograr que las condiciones que han hecho que la violencia se recicle una y otra vez en las zonas más afectadas, desaparezcan para siempre. ben mantener o por qué mover”