EL PSOE Y SUS GAMBERRADAS (POR RODAQUIO)
Este caso ocurrió en los ochenta, cuando el PSOE sobornaba a empresas y bancos para lograr sus objetivos (entre estos, estaba Filesa, a la que se le da nombre el caso). Pero un contable de una de las empresas, denunció lo que estaba ocurriendo, por lo que el PSOE tuvo que sufrir las consecuencias.
Por la década de los ochenta, los del PSOE pensaron en una idea para financiar el partido y para también pagar los gastos que se avecinaban. Esa idea consistía en pedir millones de pesetas a grandes empresas y bancos, a cambio de ciertos servicios y privilegios. Sin embargo, todo este montaje no duró mucho debido a que un contable despechado desveló todo, y no se demoraron mucho tiempo en la prensa para sacarlo a la luz y que todo el mundo supiera la verdad.
La persona que denunció todo esto se llama Luis Oliveró, ya que cuando trabajaba en una de las empresas implicadas, él noto que ocurría algo extraño y que no cuadraba, por lo que tomó la decisión de denunciar.
Luego de seis años de investigación por parte de Juan Nuñez Barranco (magistrado del tribunal supremo), que llevó a un juicio contra 39 personas, imputadas por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. De la investigación se desglosó posteriormente el Caso Ave ambos seguidos como consecuencia de la misma querella.
El juicio comenzó en 1997, con el número de acusados rebajado a 12 (José María Sala y Grisó, Carlos Navarro Gómez, Luis Oliveró Capellades, Alberto Flores Valencia, Aida Álvarez Álvarez, Miguel Guillermo Molledo Martí, Luis Sánchez Marcos, Francisco Javier Iglesias Díaz, Julio Calleja González Camino, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio García Mansilla y Diego Ramos Ramos) por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre otros.
La sentencia se dictó el 28 de octubre de 1997, después de que el instructor inicial rechazara el caso para dejarlo en manos de Enrique Bacigalupo. José María Sala, condenado a tres años de prisión cumplió sólo dos de sentencia, al suspenderla el Tribunal Constitucional. Al final hubo ocho condenas (de prisión) y tres de ellas lo fueron para cargos o excargos socialistas.
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