REFORMAS EDUCATIVAS EN AMÉRICA LATINA

Los fines de la educación no son siempre los mismos, cambian en el tiempo porque están estrechamente ligados al tipo de hombres y de sociedad que se pretende formar. Las expectativas que se asignan a la educación en los distintos proyectos dominantes se expresan en la orientación y contenido de la política educativa, entendida como el conjunto de decisiones (lineamientos declarativos y prescriptivos) tomadas por el Estado, para orientar la práctica educativa en contextos específicos.

Al llegar al poder grupos con posturas o proyectos políticos diferentes a los anteriores, se modifica el contenido y orientación de la política educativa. Las reformas suelen constituirse en los mecanismos privilegiados para buscar la adecuación de los sistemas escolares a lo que, desde esa particular postura o proyecto, se define como lo que la sociedad necesita de la educación.

El control social entendido como el conjunto de medios de intervención puestos en marcha por los grupos en el poder para realizar un orden social determinado, incluye tanto controles internos como externos, es decir, tanto aquellos vinculados con la internalización, sobre todo durante la socialización primaria, de ciertas pautas, valores, normas y conductas consideradas fundamentales para el propio orden social, como mecanismos punitivos, sanciones de distinta índole, que se ponen en marcha en relación con los sujetos que no se conforman con esas pautas, valores y normas.

En ese sentido es que la educación constituye un importante medio de control social. Al respecto, Thomas S. Popkewitz señala que “la mejor manera de entender la reforma es considerarla una parte del proceso de regulación social”,¹ ya que, como destaca en su propuesta para el estudio de las reformas educativas, éstas suponen “[…]cuestiones de producción social y de regulación estatal”, en tanto “implican prácticas de gobierno que producen valores sociales y relaciones de poder.”²

En los países latinoamericanos el Estado se asumió tempranamente como Estado docente y la convicción de que la educación es un derecho social se vio fortalecida a partir de los movimientos populares que tuvieron lugar durante las primeras décadas del siglo xx. En diversos momentos de la historia se realizaron reformas a los sistemas educativos de prácticamente todos los países de la región en correspondencia con los distintos modelos de organización económica, política y social que, a partir de determinada correlación de fuerzas, guiaban el rumbo de la nación. Pero es posible afirmar que durante más de cien años esas transformaciones no trastocaron la centralidad del Estado en la tarea educativa, ni la pretensión de asegurar un mínimo de educación a toda la población a través del fortalecimiento de los sistemas de educación pública.

Sin embargo, al acercarse el fin del segundo milenio, se inició en América Latina un proceso de profunda transformación que difiere significativamente de lo ocurrido en periodos anteriores, porque responde a un modelo que postula la superioridad del mercado y de los intereses individuales en todos los ámbitos de la vida social.

En el espacio de la educación las reformas han incluido modificaciones tanto en la organización, financiamiento y gestión de los sistemas, como en los procesos pedagógicos y los contenidos curriculares, pero lejos de configurar un proyecto propiamente educativo, emergen como nuevas herramientas de regulación para hacer congruentes los sistemas educativos con el actual modelo hegemónico. En ese sentido significan profundas rupturas con los modelos en los que se habían venido configurando los sistemas de educación pública e implican la instauración de nuevas pautas y mecanismos de control social.

Los fines de la educación no son siempre los mismos, cambian en el tiempo porque están estrechamente ligados al tipo de hombres y de sociedad que se pretende formar. Las expectativas que se asignan a la educación en los distintos proyectos dominantes se expresan en la orientación y contenido de la política educativa, entendida como el conjunto de decisiones (lineamientos declarativos y prescriptivos) tomadas por el Estado, para orientar la práctica educativa en contextos específicos.

Al llegar al poder grupos con posturas o proyectos políticos diferentes a los anteriores, se modifica el contenido y orientación de la política educativa. Las reformas suelen constituirse en los mecanismos privilegiados para buscar la adecuación de los sistemas escolares a lo que, desde esa particular postura o proyecto, se define como lo que la sociedad necesita de la educación.

El control social entendido como el conjunto de medios de intervención puestos en marcha por los grupos en el poder para realizar un orden social determinado, incluye tanto controles internos como externos, es decir, tanto aquellos vinculados con la internalización, sobre todo durante la socialización primaria, de ciertas pautas, valores, normas y conductas consideradas fundamentales para el propio orden social, como mecanismos punitivos, sanciones de distinta índole, que se ponen en marcha en relación con los sujetos que no se conforman con esas pautas, valores y normas.

En ese sentido es que la educación constituye un importante medio de control social. Al respecto, Thomas S. Popkewitz señala que “la mejor manera de entender la reforma es considerarla una parte del proceso de regulación social”,¹ ya que, como destaca en su propuesta para el estudio de las reformas educativas, éstas suponen “[…]cuestiones de producción social y de regulación estatal”, en tanto “implican prácticas de gobierno que producen valores sociales y relaciones de poder.”²

En los países latinoamericanos el Estado se asumió tempranamente como Estado docente y la convicción de que la educación es un derecho social se vio fortalecida a partir de los movimientos populares que tuvieron lugar durante las primeras décadas del siglo xx. En diversos momentos de la historia se realizaron reformas a los sistemas educativos de prácticamente todos los países de la región en correspondencia con los distintos modelos de organización económica, política y social que, a partir de determinada correlación de fuerzas, guiaban el rumbo de la nación. Pero es posible afirmar que durante más de cien años esas transformaciones no trastocaron la centralidad del Estado en la tarea educativa, ni la pretensión de asegurar un mínimo de educación a toda la población a través del fortalecimiento de los sistemas de educación pública.

Sin embargo, al acercarse el fin del segundo milenio, se inició en América Latina un proceso de profunda transformación que difiere significativamente de lo ocurrido en periodos anteriores, porque responde a un modelo que postula la superioridad del mercado y de los intereses individuales en todos los ámbitos de la vida social.

En el espacio de la educación las reformas han incluido modificaciones tanto en la organización, financiamiento y gestión de los sistemas, como en los procesos pedagógicos y los contenidos curriculares, pero lejos de configurar un proyecto propiamente educativo, emergen como nuevas herramientas de regulación para hacer congruentes los sistemas educativos con el actual modelo hegemónico. En ese sentido significan profundas rupturas con los modelos en los que se habían venido configurando los sistemas de educación pública e implican la instauración de nuevas pautas y mecanismos de control social.